España aprobó un decreto para regularizar aproximadamente 500.000 inmigrantes
El decreto, aprobado en Consejo de Ministros, permitirá a los beneficiarios obtener permisos de residencia y empleo, así como acceder a la Seguridad Social y al sistema de salud, con el fin de facilitar su integración en la sociedad española. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó: «Podrán ejercer sus derechos de manera plena y cumplir con sus obligaciones. Hemos diseñado un plan operativo a la altura del desafío».
El Gobierno español ha aprobado este martes una medida extraordinaria de regularización migratoria que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas en situación irregular. Esta acción representa uno de los pasos más significativos en la política de inmigración en las últimas décadas.
Esta iniciativa llega tras meses de debates políticos y sociales, en medio de informaciones erróneas que circulaban sobre su alcance real. Una de las ideas más extendidas era que las personas regularizadas adquirirían automáticamente derechos políticos, como el derecho al voto, lo cual no es cierto según la legislación vigente, que solo concede derechos políticos a quienes obtienen la nacionalidad española tras cumplir ciertos requisitos.
Es importante aclarar que la regularización no otorga derechos políticos inmediatos, sino que busca principalmente sacar del empleo sumergido a los inmigrantes, garantizar condiciones laborales legales y fortalecer su contribución al sistema de Seguridad Social.
Requisitos y condiciones para acceder a la regularización
El Gobierno ha explicado que la medida responde tanto a motivos económicos como demográficos, en un contexto de envejecimiento poblacional y necesidad de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la hostelería y los cuidados. Para acceder a la regularización, los solicitantes deben acreditar haber permanecido de forma ininterrumpida en España durante al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026, no tener antecedentes penales y demostrar vínculos con el país, ya sea laboral, familiar o social.
El proceso de solicitud podrá iniciarse desde el jueves 16 de abril de forma telemática, y a partir del lunes siguiente se abrirá la cita previa —obligatoria— para atención presencial. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio.
Fuerte polarización política
La decisión ha generado división en el ámbito político. La oposición advierte sobre posibles impactos negativos en los servicios públicos y la gestión migratoria, mientras que el Gobierno sostiene que la regularización mejorará el control administrativo y fomentará la cohesión social.
En medio de un intenso debate público, el presidente Pedro Sánchez ha enviado una carta a la ciudadanía en la que defiende la medida como un acto de normalización, reconociendo la realidad de muchas personas que ya viven y trabajan en España. Sánchez también la presenta como una respuesta a las necesidades económicas del país y un ejercicio de responsabilidad, subrayando la importancia de integrar a estas personas en un marco de derechos y obligaciones. Con esta decisión, España adopta un enfoque más inclusivo en materia migratoria, en contraste con las políticas más restrictivas predominantes en otros países europeos.
