Escándalo en La Libertad Avanza Misiones: acusan a su presidente de exigir el 10% del sueldo a empleados públicos
En un contexto nacional de despidos masivos, ajuste y recortes, el caso deja expuesta una contradicción peligrosa: quienes pregonan la eliminación del Estado y el fin del privilegio político, habrían caído en las mismas prácticas de presión y beneficio personal que critican con vehemencia.
En plena cruzada contra la “casta política” y con un discurso centrado en la transparencia y la austeridad, La Libertad Avanza enfrenta un escándalo en Misiones que golpea directamente su credibilidad. El presidente provincial del partido, Adrián Núñez, fue acusado por funcionarios del PAMI y ANSES de exigirles el 10% de sus sueldos mensuales, dinero que habría sido destinado a una cuenta bancaria particular.
La denuncia fue formalizada este jueves a través de una carta firmada por 22 integrantes del propio espacio libertario, en la que no sólo exigen la devolución del dinero retenido en los meses de enero y febrero, sino que también piden la renuncia de Núñez por prácticas que, afirman, “no se condicen con los lineamientos del partido”.
Según los denunciantes, la maniobra fue ejecutada por un supuesto intermediario identificado como Mario Pérez Miranda, quien se presentaba como “vocero y secretario de confianza” de Núñez.
Lejos de despejar dudas, desde la conducción nacional del partido aún no hubo declaraciones oficiales. En medio de la presión, el propio Pérez Miranda anunció en un mensaje de WhatsApp su “paso al costado” del armado partidario, aunque sin reconocer responsabilidad alguna.
Una práctica clientelar que contradice el relato libertario
El caso genera un fuerte impacto político, no sólo por la presunta ilegalidad del cobro compulsivo, sino porque contradice abiertamente la narrativa anticasta con la que Javier Milei y sus referentes construyeron identidad y adhesión. El pedido de un porcentaje del sueldo a empleados estatales es una práctica históricamente asociada al clientelismo y al abuso de poder, muy criticada por el propio Milei en sus discursos.
Además del reclamo político, los denunciantes advierten que podrían iniciar acciones legales si no se les restituye el dinero descontado arbitrariamente. La situación abre la puerta a una posible causa penal por extorsión o abuso de autoridad, agravada por el hecho de tratarse de fondos del Estado cobrados por agentes públicos.
