Escándalo en el ministerio de Transporte bonaerense: se complica la situación de D’Onofrio
Acorralado por denuncias de irregularidades en la gestión de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), D’Onofrio se enfrenta a graves acusaciones que incluyen el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La renuncia de Jorge D’Onofrio como ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha desatado una serie de revelaciones escandalosas que sacuden el ámbito político local.
El exfuncionario fue imputado el 12 de diciembre en una causa que investiga su vínculo con una supuesta red de corrupción. Junto a él, otros seis involucrados, incluidos dos concejales de Pilar, Claudia y Roxana Pombo, y el juez de Faltas Mario Quattrochi, también están bajo la lupa de la Justicia. Las denuncias provienen del empresario Leandro Camani, dueño de Secutrans, una empresa que gestiona más de 1.500 cámaras de control de tránsito en varios municipios de la provincia.
Camani, en su denuncia, sostiene que D’Onofrio y Claudia Pombo lideran una «estructura criminal» destinada a desviar fondos públicos provenientes del sistema de multas de tránsito, utilizando prestanombres y creando un entramado complejo para ocultar su accionar. Según el empresario, esta estructura habría permitido la acumulación de sumas millonarias que fueron invertidas en bienes de lujo bajo una apariencia lícita.
Las investigaciones han destapado una serie de contrataciones irregulares en el estado, donde familiares de Claudia Pombo han sido beneficiados con sueldos que alcanzan hasta $2,5 millones. Entre ellos se encuentra Héctor Marcelo Basail, medio hermano de la concejal, quien ocupa un cargo en la Cámara de Diputados provincial a pesar de no contar con la preparación adecuada para el puesto.
Además, se han presentado pruebas de lujosos vehículos en posesión de allegados a D’Onofrio, como su mano derecha, Facundo Asensio, quien conduce una camioneta Audi Q8, y la hija de Pombo, Agustina Cuadra, quien posee un Toyota SW4. Las propiedades en exclusivos countries de Zona Norte y las inversiones en España también han llamado la atención de los investigadores.
La gestión de las fotomultas en la provincia ha sido objeto de controversia, con numerosas quejas sobre la validez de las actas, muchas de las cuales presentan errores que podrían invalidarlas. Se estima que más de la mitad de las infracciones están mal confeccionadas, lo que ha llevado a cuestionar la legitimidad del sistema de control.
Con este escándalo en curso, la atención se centra en el futuro político de D’Onofrio y su círculo cercano, así como en las posibles implicaciones para el gobierno provincial. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades continúen investigando las denuncias de corrupción que han sacudido la estructura del Ministerio de Transporte bonaerense.
