En dos años los servicios públicos subieron casi 600% y el ajuste volvió a recaer sobre los hogares

El balance de estos dos años deja una conclusión incómoda: el ajuste fiscal se sostuvo, en buena medida, sobre el encarecimiento de servicios esenciales. Mientras se alivió la carga impositiva de los sectores de mayor patrimonio, el costo de la “motosierra” se reflejó en boletas cada vez más difíciles de pagar para trabajadores y jubilados. De cara a 2026, la continuidad de este esquema plantea interrogantes sobre su sostenibilidad social y política.

A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, el impacto del ajuste sobre la vida cotidiana de los hogares aparece con nitidez en las tarifas de los servicios públicos.

Mientras el discurso oficial insiste en el ordenamiento fiscal, los datos muestran que el costo de ese equilibrio se trasladó de manera directa a la clase media y a los sectores de menores ingresos: entre diciembre de 2023 y enero de 2026, las tarifas de agua, energía y transporte aumentaron un 594%, muy por encima de la inflación del período.

El último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-Conicet) advierte que el fuerte incremento tarifario fue el correlato de un recorte profundo en los subsidios económicos. En 2025, las transferencias destinadas a servicios públicos registraron una caída real interanual del 39%, en un contexto en el que el Gobierno avanzó en la eliminación de la segmentación y dejó apenas dos categorías: usuarios con subsidios y usuarios sin subsidios.

La decisión implicó que amplios sectores de la clase media pasaran a pagar tarifas plenas, en igualdad de condiciones que los hogares de mayores ingresos. El contraste resulta evidente si se observa que, en paralelo, se redujeron o eliminaron impuestos que gravaban patrimonios elevados y bienes de lujo, como los bienes personales, los yates o los autos de alta gama.

Según el informe del IIEP, durante 2025 los subsidios a agua, energía y transporte cayeron un 12% en términos nominales, pero al descontar la inflación la reducción real alcanzó el 39%. El recorte fue especialmente significativo en energía, donde los subsidios —que representan el 71% del total— se redujeron un 43% en términos reales, y en transporte, con una baja del 23%.

En números absolutos, los subsidios nominales sumaron 7,29 billones de pesos en 2025, equivalentes a 8,1 billones a valores constantes de enero de 2026. Aun así, el nivel de asistencia fue 39% inferior al del año previo, 62% menor al registrado en diciembre de 2023 y 75% más bajo que el pico alcanzado a mediados de 2022. El ajuste, lejos de ser gradual, fue acelerado y profundo.

Ese repliegue del Estado se tradujo en una fuerte recomposición de tarifas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la canasta de servicios públicos aumentó 594% en poco más de dos años, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 194%. En enero de 2026, un hogar promedio sin subsidios destinó 192.665 pesos mensuales a cubrir electricidad, gas, agua y transporte, un gasto que creció 33% interanual y volvió a incrementarse respecto de diciembre.

El transporte fue el rubro con mayor impacto, con una suba interanual del 52%, seguido por el gas (29%), la electricidad (21%) y el agua (16%). No se trata solo de aumentos nominales, sino de un cambio estructural en la relación entre ingresos y servicios básicos.

De acuerdo con el IIEP, en enero de 2026 la canasta de servicios públicos absorbió el 11,3% del salario promedio registrado, estimado en 1.669.156 pesos. Casi la mitad de ese gasto correspondió al transporte, cuyo peso duplicó al de cualquiera de los otros servicios. Si bien el informe señala una leve mejora respecto de enero de 2025, cuando la canasta representaba el 11,7% del salario, la comparación revela un piso alto y persistente para el gasto fijo de los hogares.

En términos concretos, un salario promedio permite hoy adquirir 8,8 canastas de servicios públicos, apenas por encima de las 8,5 de un año atrás. El dato sugiere que la estabilización no vino acompañada de un alivio significativo para los ingresos, sino de una normalización basada en tarifas elevadas y subsidios mínimos.