Emergencia pediátrica: media sanción a una ley que expone la fragilidad del sistema de salud infantil en plena crisis

La media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica no solo representa una respuesta parlamentaria a la crisis que atraviesan hospitales como el Garrahan, sino también una admisión tácita del desfinanciamiento sistemático que afecta al sistema de salud pública en Argentina, especialmente en su eslabón más vulnerable: la niñez.

El proyecto, que deberá ahora ser tratado por el Senado, declara la emergencia por un plazo de dos años y establece una serie de medidas extraordinarias para garantizar la atención médica infantil. Entre ellas, la asignación prioritaria de partidas presupuestarias para insumos críticos, infraestructura hospitalaria, tecnología médica y vacunas.

Además, contempla una recomposición salarial para el personal que trabaja con población pediátrica —incluidos residentes— y la exención del impuesto a las Ganancias sobre tareas críticas, como guardias y horas extras.

Pero detrás del articulado técnico, el trasfondo es más profundo: el Estado nacional está reconociendo, vía el Congreso, que el sistema sanitario no puede seguir operando con los recursos actuales sin poner en riesgo la atención médica de niños y niñas. El colapso del Hospital Garrahan, que encendió las alarmas y precipitó el debate legislativo, es solo el síntoma más visible de un deterioro que atraviesa centros de salud en todo el país.

De hecho, el propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, para recomponer los niveles salariales del personal pediátrico al valor de noviembre de 2023, se requerirán más de $65.000 millones solo en lo que resta del año, y $133.000 millones si se proyecta anualmente. Se trata de una cifra significativa, pero que representa una fracción del presupuesto total y pone en evidencia que el “ajuste fiscal” tiene un costo humano cuando se aplica sin discriminación.

El contraste con la retórica oficialista es inevitable. Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal a toda costa, incluso si eso implica recortes brutales en salud, educación o asistencia social, el Congreso —con apoyo transversal de bloques opositores e incluso de sectores moderados— comienza a marcar límites frente a una política de ajuste que ya impacta directamente en la vida de los sectores más desprotegidos.

La exención de Ganancias para tareas críticas en salud, por ejemplo, desmiente en los hechos el discurso oficial que niega la necesidad de incentivos o alivios fiscales selectivos. En este caso, la medida no responde a privilegios corporativos, sino a la urgencia de retener a profesionales formados que, frente al congelamiento salarial y las condiciones de trabajo precarias, optan cada vez más por emigrar o abandonar el sector público.

En este contexto, la media sanción a la ley de emergencia pediátrica también es una interpelación política: ¿cuál es la prioridad del Estado? ¿La macroeconomía o la salud infantil? ¿El déficit cero o la dignidad de los trabajadores de la salud? La respuesta aún no está dada, pero el mensaje del Congreso es claro: hay límites al ajuste cuando lo que está en juego es la vida de los más chicos.

El Senado tendrá ahora la posibilidad —y la responsabilidad— de convertir esta media sanción en ley. Lo que está en discusión no es solo un paquete de medidas presupuestarias, sino el modelo de país que se elige construir: uno donde los derechos básicos se garantizan incluso en la crisis, o uno donde las planillas fiscales importan más que los cuerpos enfermos. La salud de la infancia no debería depender del humor político ni del Excel. Y sin embargo, en la Argentina de 2025, todavía lo hace.