Elías Suárez anunció un aumento salarial del 42,4% y ratificó la continuidad de bonos para la administración pública
En un escenario nacional marcado por políticas de ajuste y retracción del gasto público, el Gobierno de Santiago del Estero oficializó un incremento salarial del 42,4% para los trabajadores de la administración pública provincial y confirmó la continuidad del esquema de bonos vigente durante 2025.
El anuncio fue realizado tras las reuniones desarrolladas en la Mesa de Diálogo y Trabajo con los distintos sectores gremiales, donde se acordaron nuevas pautas salariales orientadas —según destacaron desde el Ejecutivo— a sostener el poder adquisitivo y brindar previsibilidad económica a las familias santiagueñas.
El aumento se aplicará desde febrero sobre el sueldo básico de todos los empleados estatales y supera en diez puntos porcentuales la inflación interanual informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró un 32,4% entre enero de 2025 y enero de 2026. Además, se fijó un piso salarial provincial de $1.130.000, que también alcanzará hasta dos cargos en el sector docente.
En paralelo, el Gobierno provincial confirmó que durante 2026 se mantendrá el mismo cronograma de bonos implementado el año pasado: bono de inicio de ciclo lectivo, bono por el Día del Trabajador, bono “aguinaldo” (en dos cuotas) y bono de fin de año (en tres cuotas).
El primer pago extraordinario será el bono de inicio del ciclo lectivo, que se abonará el 20 de febrero por un monto de $250.000 sin descuentos. El beneficio alcanzará también a empleados municipales, siempre que las intendencias y comisiones municipales adhieran formalmente.
En materia de asistencia escolar, se anunció una suba de la ayuda por hijo a $280.000, correspondiente al período 2026, que se pagará a partir del 10 de marzo.
Por último, se actualizaron los montos de los contratos de locación de servicio: pasarán a $910.000 para trabajadores no profesionales y a $1.010.000 para profesionales.
Desde el oficialismo provincial señalaron que las medidas implican un “importante esfuerzo presupuestario” y buscan diferenciar la política salarial local del contexto nacional, priorizando el sostenimiento del ingreso real de los empleados públicos frente al escenario inflacionario.
