El oficialismo acelera la estrategia para aprobar la reforma laboral y apunta a su sanción definitiva el 27 de febrero
El Gobierno enfrenta un delicado equilibrio: acelerar la sanción para mostrar capacidad de gestión y coherencia con su agenda reformista, pero sin profundizar fisuras internas ni amplificar resistencias sociales y sindicales. La definición del Senado será clave no solo para el futuro del proyecto, sino también para medir la solidez de los acuerdos parlamentarios que sostienen al oficialismo.
El Gobierno nacional ajusta su hoja de ruta parlamentaria para convertir en ley la reforma laboral antes de fin de mes. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo estaría dispuesto a aceptar las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados con el objetivo de agilizar el trámite y alcanzar la sanción definitiva el próximo 27 de febrero en el Senado.
La estrategia contempla que, tras la sesión prevista en Diputados el jueves 19, el proyecto sea girado de inmediato a la Cámara alta. Allí, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscaría obtener dictamen en comisión al día siguiente, en un intento por reducir al mínimo los tiempos legislativos y evitar que el debate se dilate.
El apuro no es casual. La reforma laboral se ha convertido en una pieza central del programa económico oficial y su aprobación es leída por el Ejecutivo como una señal política y de mercado. Sin embargo, la discusión quedó atravesada por la polémica en torno a la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que redefine el esquema de pago de salarios ante enfermedades o accidentes no laborales.
El texto establece que, superados los tres meses de licencia, el trabajador pasaría a percibir el 50% del salario —o el 75% si tiene personas a cargo— sin especificar con claridad qué ocurrirá en casos de enfermedades graves. Frente a las críticas, Bullrich sostuvo que se mantendría el 100% del salario en situaciones de gravedad, aunque sujeto a la presentación de un certificado “fehaciente” o la intervención de una junta médica.
La controversia escaló luego de declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, que pusieron el foco sobre el alcance real del recorte. Incluso dentro del espacio oficialista y de los sectores dialoguistas surgieron reparos ante la posibilidad de introducir cambios por vía reglamentaria o mediante una ley complementaria, alternativa que habría perdido consenso.
