El Senado también aprobó la distribución de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias

En una sesión caldeada, con la vicepresidenta Victoria Villarruel ausente y el oficialismo intentando deslegitimar el proceso, el Senado de la Nación aprobó este jueves una serie de proyectos clave con fuerte impacto social, entre ellos el aumento del 7,2 % en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la declaración de emergencia para personas con discapacidad, fondos para Bahía Blanca por las inundaciones, y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

Aunque técnicamente el oficialismo no pudo bloquear la sesión, intentó vaciarla políticamente. Sin quorum propio ni voluntad de negociar, La Libertad Avanza abandonó el recinto y se limitó a descalificar el procedimiento, mientras los bloques opositores, encabezados por Unión por la Patria, se autoconvocaban y lograban avanzar con un temario que expresa prioridades sociales que el Ejecutivo ha desatendido sistemáticamente.

El oficialismo sostiene que la sesión fue “inválida”, pero los hechos muestran otra cosa: todas las votaciones registraron mayorías claras y, en varios casos, unanimidades. La reforma previsional fue aprobada por 52 votos a favor; la moratoria, con 39; la emergencia para personas con discapacidad, con 56; el fondo de emergencia para Bahía Blanca, también con unanimidad; y la distribución de los ATN, por 56 a 1.

Cifras contundentes que reflejan algo evidente: el gobierno está políticamente aislado, y los proyectos que buscan contener el deterioro social siguen reuniendo consensos amplios, incluso entre sectores opositores que no forman parte del kirchnerismo.

Este quiebre institucional expone el conflicto de fondo: el Poder Ejecutivo no solo choca con la oposición, sino con el Congreso como institución. Frente a una gestión que busca concentrar poder, disciplinar a las provincias y licuar el rol del Estado, el Parlamento —con todas sus contradicciones— reacciona y muestra una capacidad de articulación que el gobierno no logra romper ni con amenazas ni con discursos disruptivos.

El corazón del conflicto: jubilaciones, deuda social y federalismo fiscal

El núcleo de la discusión gira en torno al ajuste económico aplicado por Javier Milei. El aumento del 7,2 % para jubilados —por fuera del decreto que ya fijaba un aumento y que los dejaba por debajo de la inflación— busca recomponer parte de lo perdido desde enero. Lo mismo la moratoria previsional, herramienta crucial para que unas 220 mil personas puedan jubilarse aunque no tengan 30 años de aportes. La defensa de estos proyectos se basó en que cuentan con financiamiento propio: el redireccionamiento de partidas del presupuesto, incluso de áreas tan opacas como la ex SIDE (actual AFI).

A esto se suma la aprobación de un proyecto largamente postergado: la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional, una herramienta con la que históricamente el Ejecutivo manejó a discreción fondos que deberían asistir a las provincias en emergencias. La nueva legislación cambia las reglas del juego y podría marcar un hito en términos de federalismo fiscal. No es casual que el único voto en contra haya sido el del cordobés Luis Juez, que responde a un gobernador enfrentado con Nación pero que teme perder el favor presidencial.

Entre la parálisis institucional y la crisis social

El trasfondo de esta jornada legislativa es un país golpeado por la recesión, el deterioro del poder adquisitivo y la parálisis del Estado. Los sectores más afectados —jubilados, personas con discapacidad, habitantes de zonas afectadas por desastres naturales— se encuentran hoy desprotegidos por un gobierno que prioriza el superávit fiscal a cualquier costo humano. La aprobación de estas leyes busca, al menos en parte, frenar ese daño.

Pero el conflicto está lejos de saldarse. El gobierno ya anticipó que no promulgará algunas de estas normas y que judicializará los procedimientos. La respuesta, entonces, será una escalada institucional: un Congreso que legisla y un Ejecutivo que se niega a aplicar las leyes.

La paradoja Milei: gobernar contra el Congreso y el pueblo

El presidente Javier Milei ha basado buena parte de su narrativa en la idea de una «casta política» que bloquea sus reformas. Pero esta sesión del Senado dejó claro que, lejos de ser una maniobra corporativa, el Congreso está hoy actuando como un contrapeso legítimo a un Ejecutivo que se rehúsa a gobernar para los sectores más postergados.

La paradoja es evidente: mientras el gobierno nacional sostiene su relato de libertad y eficiencia fiscal, el Congreso —con sus propias limitaciones— intenta poner un freno al desguace del Estado social. En el centro de ese choque, están los jubilados, las personas con discapacidad, las provincias, las víctimas de catástrofes naturales. No hay épica libertaria que pueda ocultar esa realidad.

Y ante la pregunta de si estas leyes verán efectivamente la luz, la respuesta dependerá no solo de los tribunales, sino de la presión social y política que se articule para que el ajuste deje de pasar por encima de los derechos más elementales. Porque cuando gobernar se convierte en desobedecer la ley, el conflicto no es solo político: es democrático.