El Senado aprobó una ley para financiar a las universidades
Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Senado sancionó la norma que garantiza incrementos presupuestarios para universidades públicas, hospitales universitarios, investigación científica y salarios docentes y no docentes, ajustados por la inflación acumulada de 2023 y 2024.
El Congreso volvió a marcar un fuerte contraste con el Gobierno al aprobar, por segunda vez en menos de un año, una ley para actualizar el financiamiento del sistema universitario nacional.
El debate, promovido por la oposición y encabezado por Unión por la Patria, fue acompañado por distintos bloques que se unieron en un acuerdo político poco habitual: adelantar la sesión aun cuando el dictamen de comisión había sido firmado apenas el día anterior.
La maniobra sorteó el reglamento del Senado, que exige siete días de plazo, y exhibió la decisión de forzar un tratamiento inmediato.
La contundencia de la votación confirmó lo que ya había ocurrido en la Cámara de Diputados el 7 de agosto, cuando la oposición consiguió una mayoría amplia, aunque sin llegar a los dos tercios. Esta vez, en la cámara alta, la correlación de fuerzas fue aún más favorable, lo que busca enviar una señal política de unidad frente al eventual veto presidencial.
El rechazo provino del bloque libertario en pleno, sumado a los senadores Martín Goerling (PRO), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Francisco Paoltroni y la radical Carolina Losada, quien modificó su postura respecto del año pasado, cuando había acompañado la iniciativa. Otros tres legisladores optaron por la abstención, y Alfredo De Angeli se ausentó.
El texto aprobado prevé que, desde enero de 2025, las partidas presupuestarias se actualicen según la inflación acumulada de los últimos dos años y, en adelante, con incrementos bimestrales en base al Índice de Precios al Consumidor. Además, incorpora un mecanismo de recomposición salarial retroactivo a diciembre de 2023, con actualizaciones mensuales, y contempla fondos específicos para becas, subsidios de investigación y el sostenimiento de hospitales universitarios.
En el recinto, el senador radical Víctor Zimmerman defendió el esquema: “Es muy oportuno para que lo remunerativo pueda acompañar el impacto de la inflación. También apoyo la partida especial para investigación y becas”. En cambio, Maximiliano Abad, de la UCR, cargó contra el oficialismo: “Gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula, se avanza sin rumbo claro”.
El oficialismo ya anticipó su rechazo. Tras la media sanción en Diputados, La Libertad Avanza advirtió en redes sociales: “El superávit fiscal no se negocia”, en una frase que fue interpretada como el preludio de un veto. El presidente Javier Milei ya había recurrido a esa herramienta en 2024 frente a una ley de características similares.
El debate económico sigue abierto. Aunque no hubo pedido de informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso, como ocurrió en la discusión anterior, legisladores estiman que el costo fiscal rondaría el 0,14% del PBI. La CONADU, en tanto, recordó que la inversión actual en educación superior equivale al 0,43% del PBI, lejos del promedio histórico de 0,80%.
Con esta votación, el Congreso envió un mensaje político claro: el respaldo mayoritario al financiamiento universitario y a la defensa del sistema científico y académico. Sin embargo, la decisión final volverá a depender de la Casa Rosada. El escenario más probable es que Milei insista con el veto, repitiendo el choque institucional del año pasado y profundizando el enfrentamiento con una oposición que ahora exhibe, con números propios, que tiene la fuerza suficiente para insistir en su decisión.
