El Salvador: los menores de edad podrán ser condenados a cadena perpetua por delitos graves

La iniciativa, respaldada por 58 legisladores, principalmente del partido Nuevas Ideas, también contó con el apoyo de algunos aliados y un representante del partido opositor ARENA. Además, en la misma sesión se decidió extender nuevamente el estado de excepción, que lleva cuatro años vigente desde el 27 de marzo pasado.

El Congreso de El Salvador ha aprobado este viernes una reforma constitucional impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que refuerza las penas para los delitos más graves, permitiendo incluso la imposición de cadena perpetua a menores de edad.

Desde el Ejecutivo, la reforma se presenta como una medida preventiva destinada a aplicar castigos «extremos» para delitos «extremos». El legislador oficialista Raúl Chamagua afirmó que la intención es que la población comprenda que delitos graves deben enfrentarse con sanciones igual de severas.

A pesar del respaldo de Bukele, la aprobación de la medida ha sido polémica y ha requerido varias votaciones en los últimos meses. Sus críticos argumentan que la reforma puede socavar los mecanismos de control del poder y poner en riesgo la democracia en el país.

Cesia Rivas, representante del partido Vamos, que fue la única en votar en contra, expresó que la reforma sería aceptable solo si no existieran riesgos de abusos, detenciones arbitrarias o acusaciones infundadas, condiciones que, según ella, actualmente afectan al sistema judicial salvadoreño.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de que menores de edad puedan ser condenados a prisión de por vida. La Ley Penal Juvenil modificada en su artículo 8 establece que un menor que cometa un delito puede ser sometido únicamente a medidas y penas, entre ellas, la prisión perpetua. La reforma especifica que en casos donde la pena sea prisión de por vida, esta será impuesta y podrá ser revisada conforme a las disposiciones del Código Penal.

Desde marzo de 2022, Bukele ha liderado una fuerte ofensiva contra las pandillas, declarando un estado de emergencia que, inicialmente temporal, ha sido prorrogado varias veces, permitiendo suspender derechos constitucionales. Hasta ahora, más de 91,650 personas han sido detenidas por supuestos vínculos con organizaciones criminales, de las cuales aproximadamente 8,000 han sido liberadas tras comprobar su inocencia.