El PPE se une con sectores de la extrema derecha para promover una ley de deportaciones migratorias de la UE

El Parlamento Europeo se prepara para votar próximamente una normativa que busca incrementar las deportaciones de inmigrantes irregulares, incluyendo la creación de polémicos centros de deportación fuera del territorio europeo y la posibilidad de detener a migrantes por hasta dos años.

El lunes pasado, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo aprobó una versión del texto respaldada por partidos de centroderecha, derecha y extrema derecha, rompiendo con la tradicional mayoría centrista. Los grupos de izquierda expresaron su rechazo al proyecto, que ahora será sometido a votación en toda la Eurocámara.

Este respaldo refleja la tendencia del Partido Popular Europeo (PPE) a alinearse con los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), así como con partidos de extrema derecha como Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN), en cuestiones relacionadas con inmigración.

Las negociaciones internas en la mayoría tradicional, que incluye al PPE, los Socialistas y Demócratas (S&D), los liberales de Renovar Europa y los Verdes, se han roto, y la propuesta presentada por el eurodiputado liberal neerlandés Malik Azmani fue finalmente rechazada.

El portavoz del PPE, François-Xavier Bellamy, acusó a los socialistas de no comprometerse y de rechazar los principios fundamentales de la ley. «Es urgente actuar contra la inmigración irregular, ya que solo el 20% de las decisiones de retorno se cumplen realmente en toda Europa», afirmó a los medios tras la votación.

Por su parte, los grupos de izquierda criticaron duramente la decisión. La eurodiputada de Los Verdes, Mélissa Camara, calificó el texto aprobado como reflejo de una ideología racista y populista, que podría poner en riesgo vidas humanas y vulnerar la dignidad de las personas, además de contradecir los principios básicos del Estado de derecho.

Una propuesta polémica y rechazada por organizaciones civiles El reglamento de retorno, propuesto por la Comisión Europea en marzo de 2025 y aprobado por los Estados miembros en diciembre pasado, busca facilitar el reconocimiento mutuo de decisiones de retorno de inmigrantes entre países de la UE.

«Corresponde a los Estados miembros priorizar a sus fuerzas de seguridad para aplicar estas normas, promoviendo una política de retorno efectiva», declaró a ‘Euronews’ el eurodiputado Charlie Weimers, del grupo ECR.

La ley también habilitaría a los países de la UE a deportar a inmigrantes irregulares a terceros países con los que tengan acuerdos bilaterales, incluso si estos no están relacionados con su origen, mediante la creación de centros de internamiento llamados «centros de retorno».

Eliminación de mecanismos de supervisión independientes Según la propuesta, los centros de retorno podrían ser lugares de tránsito o de permanencia, lo que genera preocupaciones sobre los derechos de los migrantes, ya que podrían ser deportados a países sin vínculos directos.

Organizaciones no gubernamentales advierten que la falta de salvaguardias y mecanismos de control independientes en estos centros, especialmente si están ubicados fuera de la UE, podría vulnerar derechos fundamentales. La responsabilidad recaería únicamente en los Estados miembros, ya que el Parlamento eliminó una disposición que contemplaba la creación de un organismo de supervisión independiente, propuesta inicialmente por la Comisión.

«La posibilidad de establecer centros mediante acuerdos informales o memorandos de entendimiento sin normas jurídicas claras dificulta la supervisión efectiva», señaló Silvia Carta, representante de Picum, red de organizaciones migrantes.

Cambios en los recursos judiciales y en las garantías legales El texto también modifica la suspensión automática de las deportaciones en recursos judiciales, permitiendo que estas decisiones sean revisadas caso por caso por las autoridades judiciales.

Tras esta votación, la versión final del proyecto será negociada con los Estados miembros, y se estima que podría convertirse en ley en los próximos meses, dado que las discrepancias son mínimas.

El Parlamento también rechaza la posibilidad de realizar redadas masivas al estilo del ICE El texto no incluye una disposición que permitiría a las autoridades registrar residencias u otros lugares donde puedan encontrarse migrantes con órdenes de expulsión, una medida que algunos temen pueda derivar en redadas similares a las realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., que han provocado protestas y enfrentamientos en varias ciudades, como Minneapolis.

Organizaciones advierten que esto podría facilitar acciones policiales en domicilios, centros de alojamiento y oficinas de organizaciones humanitarias sin un marco legal claro, incrementando los riesgos para los derechos de los migrantes y la protección de sus derechos fundamentales.