El plan inmobiliario de Diego Valenzuela amenaza 67 empleos en Caseros: Easy en la mira
Una ordenanza reciente, aprobada en el Concejo Deliberante con apoyo oficialista, habilita al municipio a vender o quedarse con el predio donde funciona el Easy de Caseros, lo que abre la puerta al cierre de la tienda y a un nuevo avance de la especulación inmobiliaria en pleno centro cívico.
El futuro laboral de 67 familias de Caseros está en riesgo por una jugada política y empresarial que revela las prioridades del intendente neolibertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
Los delegados del Sindicato de Empleados de Comercio alertaron que la maniobra no solo amenaza con la pérdida de fuentes de trabajo, sino también con un golpe social de gran magnitud: “No está en riesgo solamente la estabilidad laboral, sino la vida cotidiana de cada familia, que debe sostener alquileres, transporte y alimentación en un contexto económico crítico. La incertidumbre genera angustia, ansiedad y depresión”, denunciaron.
Las protestas ya llegaron al Ministerio de Trabajo de Tres de Febrero, a audiencias en el Concejo y a las calles, donde trabajadores y vecinos marcharon contra la venta de tierras públicas. El reclamo se multiplica porque la ordenanza no afecta únicamente al predio de Easy: también habilita la liquidación de terrenos en Ciudad Jardín y Altos de Podestá, bajo la promesa de destinarlos a desarrollos inmobiliarios. El oficialismo defiende la medida como un plan para “ampliar el acceso a la vivienda y financiar obras de infraestructura”, pero desde la oposición advierten que se trata de un proyecto “cocinado a espaldas de la comunidad” y que su verdadero motor son los negocios privados.
Unidad Popular de Tres de Febrero expresó su solidaridad con los trabajadores y fue tajante: “Valenzuela consiguió la ordenanza para vender terrenos o quedarse con ellos, en beneficio de intereses inmobiliarios. El resultado: más de 60 familias sin empleo”.
El caso Easy sintetiza un dilema que atraviesa a muchos municipios del conurbano: ¿desarrollo urbano o negociado inmobiliario? ¿progreso o expulsión de trabajadores y vecinos? En Caseros, la respuesta parece inclinarse hacia un modelo donde la tierra pública se convierte en mercancía y los puestos de trabajo en daño colateral.
La concesión del predio vence recién en 2026, pero la presión política busca anticipar su reconversión en viviendas y edificios. Mientras tanto, los trabajadores exigen una definición clara: que ningún puesto de trabajo se pierda y que el Estado cumpla su obligación de proteger el empleo, en lugar de alimentar la especulación de unos pocos.
El desenlace del conflicto será una prueba de fuego para Valenzuela, pero también para toda la comunidad de Tres de Febrero, que ya empieza a preguntarse si las “políticas de desarrollo” no son, en realidad, la máscara de un nuevo ciclo de negocios inmobiliarios a costa del empleo y del espacio público.
