El oficialismo prevé aumento de la pobreza para el primer trimestre de 2024
El Gobierno argentino expresa su preocupación por el aumento en la brecha de ciudadanos cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en el primer trimestre de 2024, aunque prevé mejoras en el futuro y confirma su apoyo a los sectores más vulnerables.
Según reportes de la agencia NA, se estima que la tasa de pobreza, que en el segundo trimestre de 2023 fue del 41,7%, podría escalar al 55% a comienzos del nuevo año, afectando a más de 25 millones de personas, un récord desde 2004. A pesar de calificar estos datos como “horribles” y “peores que en 2023”, el Poder Ejecutivo sostiene que la estabilización de la economía permitirá una recuperación en el tercer trimestre.
Particularmente alarmante es que se estima que un 66% de los menores de 17 años vivió en condiciones de pobreza entre enero y junio de este año, alcanzando un pico histórico. El Gobierno utiliza el argumento de la «pesada herencia» para justificar el impacto negativo del “ajuste histórico” promovido por el presidente Javier Milei, que ha tenido efectos directos en la actividad económica, el empleo y los salarios. A pesar de los indicadores negativos, se considera que esta es una «receta necesaria» para la recuperación del país.
Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas (CNCPS), se afirma que la pobreza estructural en Argentina no es consecuencia de las políticas actuales, sino del fracaso de enfoques previos que han perpetuado esta situación.
El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata reportó un incremento de 16 puntos porcentuales en la pobreza desde el segundo semestre de 2017 hasta el mismo período de 2023, pasando del 25,7% al 41,7%. La indigencia también ha aumentado, duplicándose del 6,2% al 11,9%.
Un informe del Ministerio de Capital Humano establece dos objetivos clave: estabilizar la economía y garantizar asistencia directa a quienes más lo necesitan. Se destacan logros como el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, así como la eliminación de intermediarios en la distribución de planes sociales.
A través de estas medidas, se ha logrado que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubran el 97,7% de la canasta básica, y se han distribuido más de 2,5 millones de kilos de alimentos en comedores escolares destinados a comunidades vulnerables. Además, se proyecta extender la Tarjeta Alimentar hasta los 17 años de edad.
El Gobierno se muestra optimista respecto a su capacidad para enfrentar la situación, asegurando que la asistencia estatal es fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias más desfavorecidas, y se compromete a actuar con transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
