El oficialismo impulsa una nueva Ley de Salud Mental en medio de tensiones políticas

La iniciativa fue confirmada tras una reunión de gabinete en Casa Rosada y se presenta como respuesta a reclamos sostenidos de familiares y profesionales del sector, aunque no escapa a la lectura política marcada por la coyuntura.

En un movimiento que también parece orientado a retomar la iniciativa pública en un contexto adverso, el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la legislación de salud mental vigente desde 2010.

El texto, elaborado por el Ministerio de Salud bajo la conducción de Mario Lugones, incorpora aportes de especialistas, actores judiciales y representantes de pacientes, con el objetivo de corregir lo que desde el oficialismo consideran falencias estructurales de la normativa actual, señalada por su desactualización frente a las demandas del sistema sanitario.

Entre los ejes centrales, el proyecto apunta a redefinir el concepto de “situación de riesgo”, ampliando su alcance para permitir intervenciones más tempranas en casos donde exista peligro para la persona o terceros. En esa línea, se busca reforzar la participación de las familias y habilitar mecanismos de actuación más ágiles, incluyendo la posibilidad de internaciones involuntarias con controles interdisciplinarios y judiciales.

Si bien se mantiene el principio de que la internación debe ser excepcional, la propuesta flexibiliza ciertos procedimientos: amplía plazos de notificación judicial y contempla la conversión de internaciones voluntarias en involuntarias cuando se evalúe que el paciente no está en condiciones de decidir por sí mismo.

Otro punto relevante es la revisión del concepto de “padecimiento mental”, considerado demasiado amplio por las autoridades. El nuevo enfoque propone alinearse con estándares internacionales como la Clasificación Internacional de Enfermedades, buscando mayor precisión diagnóstica y menos margen de ambigüedad clínica.

Asimismo, el proyecto pretende unificar la aplicación de la ley en todo el país, frente a un escenario actual fragmentado donde no todas las provincias adhieren plenamente. La iniciativa también incluye el fortalecimiento de la red de atención, con una estructura que abarque desde hospitales especializados hasta dispositivos comunitarios, y una mejora en los sistemas de registro e información.

No es la primera vez que el gobierno de Javier Milei intenta avanzar en este terreno. Un intento previo quedó diluido en el fallido tratamiento de la Ley Bases. Esta vez, el oficialismo apuesta a instalar el debate en el Congreso, aunque se anticipa un tratamiento complejo en torno a una norma que históricamente genera fuertes divisiones.