El Mundial 2026 arrancó en México en medio de reclamos por los 130.000 desaparecidos
El hallazgo de posibles centros de exterminio vinculados a organizaciones criminales, junto con la cifra récord de personas no localizadas, ha vuelto a poner en el centro de atención una de las crisis más profundas y y persistentes de México.
Durante la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en la capital mexicana se vivieron sentimientos encontrados: la alegría del evento deportivo convivió con el descontento de quienes reclaman justicia.
México, que organiza el torneo junto a Estados Unidos y Canadá, dio inicio a la competencia con una fastuosa ceremonia en el Estadio Azteca, donde se presentaron artistas como Shakira, Andrea Bocelli y Burna Boy.
Sin embargo, mientras los asistentes disfrutaban del espectáculo en el interior, afuera la atmósfera era completamente diferente. El redoble de tambores no acompañaba la fiesta, sino que se alzaba como una señal de reclamo.
Más de un millar de familiares de personas no localizadas marcharon hacia el estadio, llevando velas y retratos de sus allegados que desaparecieron sin dejar huella.
Mientras 48 selecciones luchan por obtener el trofeo mundial, los manifestantes le han asignado a México un título simbólico: «Campeón en desapariciones». Su objetivo era dejar en claro que, con los ojos del mundo puestos en el fútbol, no se debe ignorar la grave situación que enfrenta el país en materia de personas no localizadas.
La dimensión del problema
De acuerdo con datos oficiales, México registra más de 130.000 personas desaparecidas. Esta cifra ha ido en ascenso de manera constante durante los últimos veinte años, en paralelo al crecimiento de los grupos delictivos y al recrudecimiento de la lucha contra el narcotráfico.
Se estima que muchas de estas ausencias están relacionadas con bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas, la extorsión y la trata de personas. Las víctimas suelen ser secuestradas, forzadas a unirse a estos grupos, asesinadas o enterradas en fosas sin identificar.
En diversos casos, familias y organismos de derechos humanos han señalado la falta de acción de las autoridades para investigar a fondo las desapariciones o para castigar a los responsables.
El tema volvió a cobrar relevancia nacional tras el descubrimiento en 2025 de un predio vinculado a los cárteles en el estado de Jalisco. Grupos civiles de búsqueda reportaron que allí encontraron restos humanos, objetos personales y evidencias de que el lugar habría sido utilizado para retener y dar muerte a personas.
Este hallazgo generó una ola de indignación y renovó las demandas de justicia y responsabilidad.
Las madres que buscan en México
Uno de los aspectos más notables de esta crisis es el papel que han asumido los familiares, en especial las mujeres, que han formado colectivos voluntarios de búsqueda.
Conocidas como «madres buscadoras», estas agrupaciones realizan sus propias investigaciones y organizan recorridos por zonas apartadas, edificios abandonados y posibles sitios de entierro.
Quienes las apoyan afirman que estos colectivos han logrado localizar pistas y restos humanos que, de otra forma, habrían permanecido ocultos. No obstante, las activistas suelen recibir amenazas por parte del crimen organizado y denuncian la falta de respaldo y protección estatal.
Frente a la creciente preocupación social, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto una serie de cambios legales para fortalecer la localización de personas desaparecidas. Estas medidas buscan agilizar la identificación de las víctimas, mejorar el manejo y el intercambio de información sobre los casos, aumentar la transparencia de las estadísticas oficiales y garantizar que las investigaciones comiencen de inmediato, sin plazos de espera.
Las reformas también plantean una diferenciación legal más clara entre secuestro y desaparición. Al presentar estas propuestas en marzo, Sheinbaum declaró: «Estamos colaborando con los tres niveles de gobierno, lo cual es esencial para combatir la impunidad. Es fundamental que las familias reporten las desapariciones, y tenemos la obligación de brindarles asistencia».
Las protestas reflejan la impotencia de miles de familias que aún esperan respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Para muchas de ellas, el problema no se limita a la violencia del crimen, sino que involucra la verdad, la justicia y el reconocimiento de las víctimas.
Mientras las movilizaciones continúan, los colectivos que encabezan esta lucha esperan mantener la mirada internacional sobre una crisis que, desde hace más de dos décadas, afecta a comunidades enteras en todo México.
