El INDEC bajo sospecha: La Mesa Sindical acusa al gobierno de ocultar la inflación real con «manipulación de datos»
La denuncia se apoya en un hecho revelador: el organismo habría desarrollado una nueva herramienta de medición más precisa, pero se niega a aplicarla por «presiones políticas», ya que mostraría una «incómoda diferencia» con las cifras oficiales.

La Mesa Sindical, un conjunto de más de 40 organizaciones gremiales, ha lanzado una dura acusación contra el gobierno de Javier Milei, denunciando que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) está recurriendo a la «manipulación de datos» para ocultar el verdadero índice de inflación.
Esta denuncia de censura estadística se ve reforzada por la reciente renuncia de dos altos funcionarios del INDEC: Georgina Giglio, directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y Guillermo Manzano, responsable de las estadísticas de Condiciones de Vida. Para la Mesa Sindical, estas renuncias no son una «casualidad», sino un «acto de defensa» frente a la supuesta manipulación de datos.
Este hecho, si se confirma, pondría en entredicho la autonomía técnica del INDEC y lo convertiría en una herramienta política para maquillar la realidad económica.
La situación es grave, ya que la credibilidad de las estadísticas públicas es fundamental para la toma de decisiones económicas y para el diseño de políticas sociales. Un INDEC que, según los sindicatos, no refleja la realidad de los precios que los argentinos ven en sus bolsillos, genera un profundo clima de desconfianza y un problema para la credibilidad del propio gobierno.
La Mesa Sindical argumenta que mientras los salarios pierden valor, la economía se estanca y los datos oficiales no son fiables.
En respuesta a esta presunta distorsión, la Mesa Sindical ha reiterado su reclamo de una «reparación salarial del 20%» para todos los trabajadores, jubilados y pensionados.
Este porcentaje, según explican, sería el equivalente a la diferencia entre la inflación oficial comunicada por el Gobierno y la «inflación real» que ellos perciben. La exigencia, más que un simple pedido salarial, se convierte en un acto político de resistencia ante lo que consideran un engaño sistemático por parte del Estado.
En un contexto donde la inflación es el principal problema económico del país, la acusación de que el Gobierno manipula sus propias cifras para minimizar la crisis es un golpe directo a su narrativa.
La denuncia de la Mesa Sindical no solo pone en tela de juicio la integridad de un organismo técnico clave, sino que también subraya la profunda brecha entre la realidad oficial y la que viven a diario millones de argentinos.
La pregunta que queda flotando es: ¿Hasta cuándo se podrá sostener esta «artimaña estadística» sin que la realidad se imponga con toda su crudeza?
