El Grupo Indalo repudia la ofensiva judicial contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico
Ambos comunicadores fueron objeto de presentaciones judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo para frenar la difusión del material que comprometería a funcionarios de la Casa Rosada.
En el marco de la crisis política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei por la filtración de audios que involucran a Karina Milei en presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el Grupo Indalo emitió un duro comunicado en el que denunció intentos de censura y hostigamiento contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.
El pronunciamiento de Indalo no se limita a un gesto corporativo en defensa de sus periodistas, sino que expone una alerta de fondo: el riesgo de que el Gobierno utilice la Justicia como herramienta de disciplinamiento frente a voces críticas. La empresa calificó estas medidas como una “afectación directa al derecho a la información” y advirtió que la admisión de las mismas por parte de la Justicia “oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia”.
La disputa pone en tensión dos principios fundamentales: el derecho ciudadano a acceder a información de interés público y el derecho de los funcionarios a preservar la confidencialidad de sus comunicaciones. Sin embargo, el sesgo de las medidas cautelares solicitadas —que apuntan directamente contra periodistas y medios— parece inclinar la balanza hacia un esquema de censura previa, una figura expresamente prohibida por la Constitución Nacional.
El comunicado de Indalo también contiene un mensaje político: al ratificar su compromiso con “más y mejor periodismo”, la compañía busca colocarse en el terreno de la defensa democrática frente a un Gobierno que, en su intento por blindar a la hermana del Presidente, abre un frente de conflicto con la prensa. El resultado de esta disputa excede lo coyuntural: lo que se juega es si el oficialismo logra instalar una lógica de persecución judicial contra medios críticos o si prevalece la garantía constitucional de informar sin condicionamientos.
La advertencia de Indalo, más allá de la pulseada empresarial, es clara: un periodismo intimidado por la amenaza de sanciones judiciales no solo debilita el control sobre el poder político, sino que erosiona los contrapesos democráticos que sostienen a la República. El caso Rial–Federico se transforma así en un test de resistencia para la libertad de prensa en la Argentina de Milei.
