El Gobierno reabre el debate sobre la edad de imputabilidad y acelera la reforma del régimen penal juvenil
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó el inminente tratamiento en el Congreso de la Ley Penal Juvenil y dejó en claro que el Gobierno nacional busca imprimirle urgencia a una reforma que considera desactualizada frente al escenario actual de la criminalidad juvenil.
En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que la administración de Javier Milei decidió “pisar el acelerador” en materia penal, con el argumento de que el régimen vigente —que data de 1980— ya no responde a las transformaciones sociales de las últimas décadas ni al perfil de los delitos cometidos por menores. En ese marco, cuestionó que la edad de imputabilidad se mantenga en los 16 años, cuando en normativas anteriores era inferior.
Cúneo Libarona planteó que el contexto actual exige una revisión profunda del sistema, al afirmar que los adolescentes de hoy enfrentan dinámicas marcadas por el consumo de drogas, la violencia y la marginalidad, factores que, según su visión, inciden en la comisión de delitos graves a edades cada vez más tempranas. Para el ministro, existen casos en los que menores de 12, 13 o 14 años comprenden plenamente la gravedad de sus actos, lo que refuerza la necesidad de un nuevo marco legal.
El titular de Justicia también apeló a comparaciones internacionales para reforzar la postura oficial, al señalar que en varios países la edad de imputabilidad es más baja. Si bien reconoció la importancia de las políticas de prevención, subrayó que el Estado debe contar con herramientas para intervenir una vez consumado el delito, especialmente frente a situaciones de reincidencia.
En ese sentido, advirtió sobre episodios en los que menores invocan su condición de inimputables para eludir consecuencias penales, lo que —según explicó— termina generando un círculo de repetición delictiva sin respuesta efectiva del sistema judicial.
Respecto del diseño del nuevo régimen, el ministro aclaró que no se trata de aplicar un esquema punitivo tradicional, sino de crear un sistema diferenciado, con centros específicos para jóvenes en conflicto con la ley, separados de la población carcelaria adulta. La propuesta oficial contempla instancias de formación educativa, aprendizaje de oficios y actividades deportivas, con el objetivo de promover la reinserción social.
Para cerrar, Cúneo Libarona sostuvo que la iniciativa busca combinar responsabilidad penal con reeducación y resocialización, y remarcó que el eje del proyecto no es el castigo en sí mismo, sino la posibilidad de ofrecer una segunda oportunidad bajo un esquema adaptado a la gravedad de los delitos y al contexto social de cada caso.
