El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero la dejó sin efecto por falta de fondos
Mientras no se defina el financiamiento, la Ley de Emergencia en Discapacidad será más un gesto político que una política pública concreta.
El presidente Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por insistencia del Congreso tras haber sido vetada por el propio Ejecutivo. Sin embargo, el decreto 681/2025 que oficializa su promulgación dejó en suspenso su aplicación, bajo el argumento de que no existen recursos presupuestarios suficientes para financiarla.
La norma, que busca atender a uno de los sectores más vulnerables del país, demanda un gasto estimado de 3 billones de pesos, equivalente al 0,35% del PBI.
El texto publicado en el Boletín Oficial sostiene que incluso reasignando partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultan “igualmente insuficientes” y que solo una ampliación del presupuesto con aval legislativo podría garantizar su implementación.
El Gobierno trasladó así la responsabilidad al Congreso, al señalar que hasta que no se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas en el presupuesto nacional, la ley permanecerá en suspenso. La decisión expone una paradoja política: mientras Milei se vio obligado a promulgar la norma por la presión parlamentaria, al mismo tiempo bloqueó su ejecución efectiva.
Desde una mirada analítica, el decreto refleja la tensión estructural entre la política fiscal de ajuste y la demanda social. El oficialismo se mantiene firme en no expandir el gasto sin respaldo financiero, pero la postergación deja en evidencia la falta de respuesta inmediata a un sector que requiere asistencia urgente.
El resultado es una ley que existe en los papeles pero no en la práctica, y que abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, además de un fuerte cuestionamiento desde las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad.
