El Gobierno mantiene suspendidas más de 21 mil pensiones por invalidez y otorga 30 días para presentar documentación
Con la decisión de mantener suspendidas las 21.812 pensiones, el Gobierno busca completar la revisión de los expedientes que presentan información insuficiente o inconsistencias. Los titulares alcanzados podrán aportar los antecedentes correspondientes dentro del plazo establecido para solicitar una nueva evaluación de su situación.
El Gobierno nacional resolvió mantener suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y estableció un plazo de 30 días hábiles para que los titulares presenten documentación que permita acreditar que cumplen con los requisitos para recibir el beneficio.
La medida se enmarca en una auditoría oficial que detectó inconsistencias en información médica y patrimonial de algunos beneficiarios.
El anuncio fue realizado este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Según explicó, la Secretaría Nacional de Discapacidad decidió no restablecer cautelarmente las prestaciones porque no encontró documentación médica ni antecedentes socioeconómicos suficientes para respaldar su continuidad.
El funcionario aclaró que la suspensión no significa que se haya determinado que las personas alcanzadas carecen de una incapacidad laboral, sino que la Administración no dispone de los elementos necesarios para comprobar que siguen reuniendo las condiciones exigidas por la normativa vigente.
Cómo podrán reclamar los beneficiarios
Las personas afectadas tendrán 30 días hábiles para presentar informes médicos, documentación sobre su situación económica y social, justificar por qué no asistieron a las auditorías o incorporar otros antecedentes que permitan evaluar nuevamente cada caso.
Las presentaciones podrán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con los procedimientos que establezca el organismo.
El objetivo del trámite será revisar la situación particular de cada titular y determinar si corresponde mantener la suspensión o restablecer la prestación.
Las irregularidades patrimoniales detectadas
Durante su exposición, Ravier señaló que el cruce de información entre distintas bases de datos oficiales permitió identificar beneficiarios que poseen bienes que podrían resultar incompatibles con las condiciones socioeconómicas requeridas para acceder a estas pensiones.
Entre los casos mencionados por el Gobierno se encuentran:
►38 beneficiarios que figuran como titulares de dos o más vehículos.
►26 personas que poseen dos o más propiedades inmobiliarias.
►40 titulares que registran al menos un inmueble con una superficie superior a una hectárea.
►Un beneficiario que aparece como propietario de una aeronave.
Desde el Ejecutivo sostienen que estos registros justifican una revisión de las condiciones de acceso y permanencia en el sistema. No obstante, la presencia de bienes a nombre de una persona no demuestra por sí sola la existencia de fraude ni determina automáticamente que no reúna los requisitos para recibir la asistencia.
Ravier recordó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están dirigidas a personas que no pueden trabajar y que no cuentan con recursos suficientes para garantizar su subsistencia.
En ese sentido, explicó que la existencia de una discapacidad o la posesión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) no constituye, por sí sola, una garantía para acceder a esta prestación, ya que también deben cumplirse las demás condiciones previstas por la normativa.
