El Gobierno impulsa una poda normativa: envía al Congreso un proyecto para eliminar 70 leyes en desuso

La propuesta, encabezada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a revisar y depurar el entramado legal argentino.

En una nueva señal de su agenda de simplificación regulatoria, el Poder Ejecutivo giró al Congreso el proyecto denominado “Ley Hojarasca”, una iniciativa orientada a derogar 70 normas que considera desactualizadas, redundantes o en conflicto con el marco constitucional vigente.

El texto oficial plantea que el país arrastra una “inflación normativa” producto de décadas de acumulación legislativa, lo que habría derivado en un sistema complejo, poco claro y de difícil aplicación. Desde el Gobierno sostienen que esta situación erosiona la seguridad jurídica y actúa como un freno para la actividad económica.

No es la primera vez que la iniciativa llega al Parlamento: ya había sido presentada en 2024, pero perdió estado legislativo. En esta nueva etapa, el Ejecutivo redobla la apuesta y subraya que el exceso de regulaciones constituye un obstáculo estructural para el desarrollo. El objetivo central es construir un marco legal más ordenado, accesible y funcional.

Dentro del paquete de normas a eliminar aparecen disposiciones llamativas por su antigüedad o falta de vigencia práctica, como la exigencia de un carnet para mochileros o regulaciones vinculadas a la televisión en color. También se incluyen leyes que contemplan castigos físicos prohibidos desde el siglo XIX y otras que regulan sorteos en salas de cine. Según el proyecto, este tipo de reglas restringe libertades sin justificación actual.

La revisión abarca legislación sancionada desde 1864 hasta hoy, bajo criterios que priorizan la coherencia, la utilidad y la adecuación tecnológica. El Gobierno clasifica las normas a derogar en seis categorías, que van desde la obsolescencia técnica hasta la creación de organismos que ya no cumplen funciones.

Además, el proyecto pone el foco en aquellas disposiciones que podrían contradecir principios constitucionales o invadir derechos individuales. Entre los ejemplos citados figura una norma que habilita la supervisión estatal de reuniones privadas, considerada incompatible con las garantías actuales.