El Gobierno frenó la auditoría de Pensiones por Discapacidad en medio de una crisis de transparencia
La medida, anunciada por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, surge en el contexto de una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida tras un escándalo de corrupción que sacudió los cimientos del organismo.
En un giro inesperado, el Gobierno nacional ha decidido pausar la auditoría en curso de más de un millón de pensiones por discapacidad.
¿Una pausa necesaria o un freno político?
La decisión oficial se justifica como una medida preventiva mientras se revisan las presuntas irregularidades en la gestión del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. La auditoría había resultado en la suspensión de más de 128,000 beneficios debido a problemas detectados como personas fallecidas, documentos falsos y renuncias. La lógica detrás de la pausa es garantizar que el proceso sea transparente y que no se cometan injusticias, especialmente a la luz de las grabaciones filtradas que sugerían sobreprecios en la compra de medicamentos.
Sin embargo, el freno a la auditoría, sumado a la decisión de revisar las bajas ya efectuadas, genera una serie de interrogantes. ¿Es realmente el Gobierno quien toma las riendas del proceso, o es una respuesta a la presión social y política tras la polémica? La intervención de la ANDIS revela una falta de supervisión previa, ya que, al ser un organismo descentralizado, manejaba su propio presupuesto y no dependía del control del Ministerio de Salud. La crisis de la ANDIS expone un problema sistémico: la falta de controles efectivos sobre los organismos descentralizados, que les permite operar con una autonomía que puede, en ocasiones, facilitar la corrupción.
La encrucijada entre eficiencia y derechos
El caso de las pensiones por discapacidad pone de manifiesto una tensión entre la necesidad de sanear el sistema de asistencia social y la protección de los derechos de los beneficiarios. Si bien la detección de 128,000 irregularidades es un dato alarmante y que requiere una respuesta, la metodología y los procedimientos aplicados en la auditoría deben ser impecables para evitar que personas genuinamente vulnerables pierdan su única fuente de ingresos.
La decisión de pausar la auditoría y revisar las bajas es un reconocimiento tácito de la fragilidad del proceso inicial y una oportunidad para reinstaurar la confianza pública. El Gobierno se enfrenta al desafío de demostrar que su prioridad es la justicia y la transparencia, y no simplemente la reducción del gasto público a costa de los sectores más vulnerables.
