El Gobierno fija límites en Diputados y busca blindar la reforma laboral, «no se aceptan cambios»
De cara a Diputados, el escenario combinará negociación y tensión. Aunque el Ejecutivo apuesta a sostener el texto sin cambios, la correlación de fuerzas podría obligarlo a redefinir su margen de maniobra. La discusión no será únicamente técnica, sino estratégica: pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para consolidar mayorías y sostener su programa de reformas estructurales sin ceder terreno en el tramo final del proceso parlamentario.
Tras la media sanción obtenida en el Senado, el oficialismo dejó en claro que no está dispuesto a reabrir la discusión de fondo sobre la reforma laboral cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados.
La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que el texto aprobado en la Cámara Alta constituye la versión definitiva que el Gobierno pretende convertir en ley, marcando así una estrategia de cierre frente a posibles modificaciones.
La iniciativa fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra, luego de intensas negociaciones con bloques aliados y gobernadores que derivaron en cambios sobre una veintena de artículos. Ese proceso de concesiones permitió reunir los apoyos necesarios, pero también configuró un delicado equilibrio político que el Ejecutivo busca preservar.
En declaraciones radiales, Bullrich subrayó que el Senado tiene la “última palabra” en el trámite legislativo y advirtió que, salvo mejoras puntuales que el oficialismo considere superadoras, no se aceptarán alteraciones sustanciales. La afirmación revela una doble lectura: por un lado, confianza en el texto consensuado; por otro, una señal de disciplina hacia los aliados y una advertencia a eventuales intentos de reformulación en Diputados.
La senadora remarcó además el proceso de consultas que, según indicó, incluyó a más de 1.500 organizaciones y se extendió durante varias semanas, incluso con ajustes introducidos hasta la madrugada previa a la votación. Con ese argumento, el oficialismo busca legitimar el proyecto como resultado de un diálogo amplio, pese a que sectores sindicales y opositores cuestionan su orientación.
El mensaje político se completa con la intención de acelerar el tratamiento en la Cámara baja para que la norma esté sancionada antes del 1° de marzo. La urgencia no es solo administrativa: el Gobierno procura capitalizar el impulso legislativo y evitar que el debate se dilate en un contexto económico y social sensible.
