El Gobierno cierra el Instituto Nacional del Cáncer y genera preocupación por el futuro de la lucha contra la enfermedad
En una decisión que encendió las alarmas en el sector sanitario y entre organizaciones de pacientes, el Gobierno nacional anunció este jueves el cierre del Instituto Nacional del Cáncer (INC), un organismo clave en la lucha contra esta enfermedad que afecta a miles de argentinos cada año.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, justificó la medida alegando una “reestructuración por duplicidad de tareas” y aseguró que el presupuesto y las funciones del organismo serán absorbidos por la cartera sanitaria.
La resolución se dio a conocer mediante un escueto comunicado oficial en el que se afirmó que el cierre busca “mayor eficiencia y control de las acciones”, y que responde a un relevamiento interno que habría detectado problemas logísticos, compras “ineficientes” y distribución de medicamentos con fechas de vencimiento cercanas. Sin embargo, la decisión despertó fuertes críticas de expertos, organizaciones médicas y asociaciones civiles, que consideran que el cierre de un organismo con experiencia, estructura propia y capacidad de coordinación es un retroceso en la política sanitaria del país.
Fundado con el objetivo de centralizar y fortalecer la lucha contra el cáncer en Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer cumplía funciones esenciales: impulsaba investigaciones, capacitaba profesionales, centralizaba información médica y colaboraba con la atención y rehabilitación de pacientes y sus familias. Su enfoque multidisciplinario y federal lo convertía en una pieza estratégica del sistema de salud pública.
Aunque el Gobierno promete que las funciones del Instituto seguirán bajo la órbita del Ministerio, la medida implica la disolución de una institución con autonomía técnica y trayectoria reconocida. Esto plantea interrogantes no solo sobre la continuidad de los programas, sino también sobre la voluntad política de priorizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento integral del cáncer. De hecho, el INC era un símbolo en la lucha contra el cáncer infantil y en la articulación de políticas nacionales con centros provinciales.
El argumento de “duplicidad de tareas” parece apoyarse en una lógica de achicamiento del Estado que desconoce la especificidad y especialización que requieren las políticas oncológicas. En lugar de fortalecer al Instituto y corregir los supuestos errores de gestión, el Ejecutivo optó por suprimirlo, lo que abre la puerta a un vaciamiento técnico y operativo difícil de revertir.
En un contexto en el que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el país, y donde el acceso igualitario a la atención continúa siendo un desafío, la decisión de cerrar el INC puede terminar afectando a los sectores más vulnerables del sistema sanitario. La medida aparece como parte de una tendencia preocupante: la desarticulación de políticas públicas con base científica y perspectiva de salud pública en nombre de una supuesta eficiencia administrativa.
Más que una reorganización técnica, el cierre del Instituto Nacional del Cáncer representa un fuerte gesto político que pone en jaque el compromiso del Estado argentino con una de las problemáticas sanitarias más graves del país.
