El Gobierno busca dar respaldo legal a los dólares no declarados y envió al Congreso la Ley de Inocencia Fiscal
El proyecto reabre un debate de fondo sobre el rumbo de la política tributaria. Mientras el Gobierno sostiene que busca ampliar la formalización de la economía y atraer dólares al sistema financiero para fortalecer la actividad económica, sus críticos advierten que la iniciativa podría consolidar un esquema que premia a quienes mantuvieron recursos fuera del circuito legal, en detrimento de los contribuyentes que históricamente cumplieron con sus obligaciones fiscales.
Con el objetivo de profundizar su estrategia para incorporar al circuito formal los dólares que permanecen fuera del sistema financiero, el Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto denominado Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que combina beneficios tributarios, flexibilización de controles y un régimen simplificado para el pago del Impuesto a las Ganancias.
La propuesta, impulsada por el presidente Javier Milei y el equipo económico encabezado por Luis Caputo, constituye una nueva etapa de la política oficial destinada a incentivar el blanqueo de capitales sin recurrir a una nueva amnistía fiscal. El Ejecutivo sostiene que el proyecto busca ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas, mientras que sectores de la oposición advierten que podría traducirse en una menor capacidad de fiscalización del Estado sobre el origen de determinados fondos.
El oficialismo aspira a que la iniciativa sea debatida durante la primera semana de agosto y obtener su aprobación antes de finalizar ese mes. Sin embargo, el camino legislativo aparece complejo. La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia y necesitará volver a negociar con bloques dialoguistas como la UCR, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas para reunir los votos necesarios tanto en comisión como en el recinto.
Uno de los puntos que ya anticipa controversias es la posibilidad de que funcionarios públicos también puedan adherir al régimen. La disposición genera resistencia incluso entre sectores aliados del Gobierno, que plantean excluir a quienes ejercen cargos públicos para evitar conflictos de intereses y preservar estándares de transparencia en la administración estatal.
Un régimen más amplio
El proyecto amplía considerablemente el universo de personas que podrán incorporarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Mientras el esquema vigente estaba limitado a contribuyentes con ingresos y patrimonios determinados, la nueva propuesta habilita el acceso a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que opten por ese sistema.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma «democratiza» el acceso al régimen tributario y permitirá simplificar las obligaciones fiscales de miles de contribuyentes. No obstante, especialistas advierten que el verdadero objetivo es generar condiciones para que quienes poseen ahorros no declarados encuentren menos obstáculos para incorporarlos al sistema formal.
Controles con menor alcance
Otro de los ejes centrales del proyecto es la modificación de los criterios de fiscalización que podrá aplicar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La iniciativa mantiene los controles integrales para los grandes contribuyentes, pero redefine cuándo el organismo podrá impugnar una declaración simplificada. Solo se considerará una «discrepancia significativa» cuando la diferencia detectada represente al menos un 15% del impuesto determinado o de los quebrantos declarados.
Para el Ejecutivo, este cambio apunta a reducir litigios y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Sin embargo, algunos tributaristas consideran que el nuevo umbral podría limitar la capacidad del Estado para detectar inconsistencias de menor magnitud, aunque reiteradas.
Dólares fuera del sistema y prevención del lavado
El proyecto también establece que quienes ingresen al régimen deberán operar a través de canales financieros autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Esa condición será necesaria para acceder a los beneficios fiscales previstos hasta el 31 de diciembre de 2027.
En paralelo, la iniciativa instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) a considerar la adhesión al régimen como un antecedente favorable dentro de los mecanismos de prevención del lavado de activos. No obstante, aclara que esa disposición no elimina las obligaciones de bancos y entidades financieras de identificar a sus clientes, aplicar procedimientos de debida diligencia y reportar operaciones sospechosas.
