El Gobierno asignó a Transporte la supervisión de las apps de movilidad y reparto
La medida fue establecida mediante el Decreto 407/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y también incorpora a la Secretaría de Trabajo dentro de las competencias previstas por la normativa.
El Gobierno nacional oficializó la designación de la Secretaría de Transporte como organismo encargado de aplicar el nuevo marco regulatorio para las plataformas digitales de transporte y reparto, entre ellas Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa.
La decisión se produce en un contexto de fuerte debate sobre la actividad de estas plataformas, luego de que la Justicia porteña ordenara al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzar en la regulación y fiscalización del sector.
El nuevo esquema se enmarca en la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso, que creó un régimen específico para quienes prestan servicios a través de aplicaciones digitales. La legislación establece que estos trabajadores se desempeñan bajo una modalidad independiente, diferenciada de las relaciones laborales contempladas por la Ley de Contrato de Trabajo.
Según los fundamentos del decreto, la intervención de Transporte responde a que las actividades desarrolladas por estas plataformas están vinculadas principalmente con la movilidad de pasajeros y la logística de entregas. Por su parte, la Secretaría de Trabajo conservará atribuciones relacionadas con los acuerdos colectivos que puedan surgir dentro de la actividad.
La medida coincide con un reciente fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, que dio lugar a un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis de Capital Federal.
La resolución judicial sostuvo que las aplicaciones de viajes no constituyen únicamente intermediarios tecnológicos, sino que desarrollan una actividad de transporte de pasajeros dentro del ámbito local. En consecuencia, ordenó a las autoridades porteñas fortalecer los mecanismos de regulación, control y sanción sobre estas plataformas, además de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias y promover campañas de concientización sobre la seguridad de los usuarios.
Desde el gremio de taxistas destacaron el fallo como un precedente relevante, al considerar que reafirma la responsabilidad de las autoridades locales en materia de tránsito, transporte y seguridad vial. Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con una regulación propia, colocando a la Secretaría de Transporte al frente del control y supervisión del sector.
