El Gobierno anticipó en Diputados que habrá aumentos para las universidades
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, compareció ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados para discutir el presupuesto de las universidades públicas.
Durante su intervención, Torrendell insinuó que se producirán aumentos en los fondos asignados a estas instituciones, pero se abstuvo de proporcionar detalles concretos sobre los nuevos montos y los plazos de distribución.
El secretario confirmó que este mes se implementará un aumento adicional del 70% en los gastos de funcionamiento, marcando la segunda subida en tres meses. Esta medida sigue a las protestas masivas de estudiantes y docentes universitarios el mes pasado, que expresaron su preocupación por el desfinanciamiento del sector.
Sin embargo, Torrendell expresó la incapacidad de su cartera para ofrecer una previsión presupuestaria para el resto del año, un requisito fundamental para las universidades. Señaló que el Gobierno solo podrá otorgar aumentos de manera gradual.
Tras la partida del funcionario, los rectores universitarios presentes en la comisión expresaron su preocupación por la situación de emergencia en la que se encuentran. Solicitaron a los diputados la sanción de una ley que garantice una previsión presupuestaria hasta fin de año.
Los bloques opositores consideran la posibilidad de avanzar rápidamente en un dictamen para ampliar el presupuesto universitario si el Poder Ejecutivo no proporciona mayores garantías.
Los rectores destacaron que, en los primeros cinco meses del año, las universidades ya han agotado sus presupuestos anuales para cubrir gastos corrientes, lo que subraya la urgencia de la situación.
Germán Martínez, líder del bloque de Unión por la Patria, propuso acelerar los procedimientos para abordar este problema, buscando acciones concretas la próxima semana.
Sin embargo, el diputado libertario Nicolás Mayoraz planteó la necesidad de una evaluación exhaustiva del gasto público en las universidades, destacando que la autonomía universitaria no debe ser un impedimento para la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos.
