El exfuncionario de Macri aseguró que el fallo contra YPF es «grave y viola leyes»
El reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como pago parcial de la multimillonaria condena por la expropiación de la petrolera, encendió fuertes alarmas jurídicas y políticas.
El exprocurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, salió al cruce de la decisión y no dudó en calificarla como “grave” y violatoria de leyes argentinas y estadounidenses.
Preska, que ya había dictado una sentencia de USD 16.000 millones contra el Estado argentino por no haber lanzado una oferta pública a los accionistas minoritarios cuando nacionalizó YPF en 2012, dispuso ahora la utilización del paquete accionario estatal como forma de pago parcial, una decisión que para Saravia Frías implica desconocer principios elementales del derecho internacional y de la soberanía.
“Este fallo viola muchos principios, leyes americanas y leyes argentinas”, advirtió el exfuncionario, quien subrayó la vigencia de la Ley de Inmunidad Soberana en Estados Unidos, que impide embargar activos estratégicos de un Estado, como también el principio de International Comity, que resguarda la no injerencia en asuntos internos de otros países.
La gravedad institucional se multiplica porque la jueza reconoció la existencia de la ley argentina de expropiación, que exige autorización del Congreso para disponer de las acciones de YPF, pero aun así propuso modificarla o alcanzar un acuerdo con los acreedores. Es decir, Preska no solo condenó a la Argentina con un monto descomunal, sino que ahora exige flexibilizar la propia legislación soberana para cumplir con su fallo, en un verdadero choque de jurisdicciones.
Para Saravia Frías, esta situación coloca al país en una “disyuntiva grave”, porque aceptar la sentencia implicaría vulnerar el marco legal interno aprobado por el Congreso, mientras que rechazarla podría derivar en un conflicto aún más profundo con los acreedores internacionales y nuevos embargos.
El Gobierno de Javier Milei ya adelantó que apelará la decisión, aunque el margen para maniobrar no parece amplio y la presión judicial crece. El episodio, además, alimenta la discusión política sobre la gestión de la estatización de YPF y su posterior defensa judicial, reflejando otra vez las debilidades de la política energética argentina y la dificultad histórica del país para proteger sus intereses estratégicos en el plano internacional.
Lo que asoma en el horizonte no es solo un litigio técnico: es una disputa que expone la fragilidad de la soberanía argentina frente a tribunales extranjeros y la falta de consensos internos para defender patrimonios nacionales ante acreedores que, en este caso, no vacilan en poner a YPF —emblema de la energía y de la identidad productiva del país— en la picadora de carne de la especulación financiera global.
