El desguace avanza en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 97 trabajadores a la calle
Esta decisión, que se inscribe en la estrategia de achicamiento del Estado, ha dado un paso concreto y preocupante con la puesta en disponibilidad de 97 empleados, lo que representa el inicio de la disolución de un organismo que, en sus 17 años de existencia, logró un hito histórico: reducir en un 28% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales.
El Gobierno avanza con una medida de alto impacto y de profundo debate: el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), creada en 2008.
La información, difundida por el periodista Jota Leonetti y confirmada por la agencia Noticias Argentinas, revela una contradicción inherente a la medida gubernamental. Mientras el discurso oficial se centra en la eficiencia y la reducción del gasto público, se desarticula una institución que ha demostrado su efectividad en la protección de la vida de los ciudadanos.
La ANSV no es un ente burocrático más, sino un organismo técnico que ha coordinado políticas, programas y campañas que han salvado miles de vidas. Su desmantelamiento no solo implica la pérdida de casi un centenar de puestos de trabajo, sino que pone en jaque la continuidad de iniciativas cruciales para la seguridad vial en Argentina.
Entre las políticas que ahora penden de un hilo se encuentran el sistema de scoring nacional, la licencia nacional de conducir y las campañas de concientización, herramientas que han sido fundamentales para generar un cambio cultural en la sociedad y para reducir la mortalidad en rutas y calles. El cierre de la agencia no solo representa una regresión en la política pública de seguridad vial, sino que también deja un vacío de coordinación y experticia que, inevitablemente, tendrá consecuencias trágicas.
¿Cuál es el costo humano de esta decisión? ¿Quién se hará cargo de la seguridad vial a nivel nacional? ¿Se están priorizando criterios ideológicos por encima de la protección de la vida? La reducción del gasto público, por legítima que sea la intención, no puede justificar el desmantelamiento de un organismo que ha demostrado su eficacia en la prevención de la muerte y la lesión en el tránsito.
La noticia del desguace de la ANSV es un llamado de atención. La decisión del Gobierno no debe ser vista como una simple medida administrativa, sino como un acto político con graves implicaciones sociales.
La seguridad vial es una política de Estado, y su desarticulación, sin un plan alternativo claro y con la certeza de que el camino transitado era el correcto, es una apuesta de alto riesgo que pone en peligro la vida de miles de argentinos. El desmantelamiento de la ANSV es una noticia que, lamentablemente, tiene el potencial de ser seguida por una de las peores: el aumento de las muertes en las rutas.
