Caputo contraataca tras la derrota en el Congreso y lanza despidos masivos en el Estado
Lejos de dar señales de repliegue, avanzó con una medida que ya encendió la alarma en el sector público: la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1240/2025, que habilita el inicio del proceso de disponibilidad para más de 300 trabajadores de planta permanente del INTA, el INASE y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió al revés de lo esperado tras la derrota parlamentaria que sufrió el oficialismo esta semana.
El movimiento tiene un fuerte contenido político. Apenas 24 horas antes, el Congreso había rechazado de manera categórica el DNU que transfería estos organismos a la órbita de Economía, dejando a Caputo sin el control formal sobre ellos.
Pese a ello, el ministro firmó una resolución que apunta a una reducción drástica de personal en tres institutos estratégicos para la producción agrícola, la investigación y la industria vitivinícola.
Desde el gremio estatal ATE la reacción fue inmediata y virulenta. Daniel “Tano” Catalano, referente de ATE Capital, le dedicó un mensaje directo a Caputo: “Mientras senadores y diputados defienden al Estado y a sus trabajadorxs, vos seguís desconociendo al Poder Legislativo. Sos una mierda”. El sindicato ya había advertido que judicializaría este tipo de disposiciones, alegando que la figura de “disponibilidad” utilizada por el Gobierno viola la estabilidad laboral garantizada por la Constitución.
El antecedente es reciente. En junio, ATE presentó una cautelar para frenar resoluciones de los ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación que avanzaban en la misma dirección. Según el secretario general Rodolfo Aguiar, la estrategia oficial es “manifiestamente ilegal” y convierte al Ejecutivo en juez y parte a la hora de definir qué dotación de personal es “óptima”.
El trasfondo es claro: Caputo busca exhibir iniciativa tras el traspié parlamentario y redobla la apuesta en el terreno que más tensión genera, el empleo estatal. La medida, sin embargo, amenaza con derivar en un nuevo frente judicial que podría dejarla en suspenso y reabrir el debate sobre los límites del Ejecutivo para imponer recortes sin aval legislativo.
