El Centro Carter denunció «graves violaciones electorales» en Venezuela
Este análisis del Centro Carter se suma a las crecientes críticas internacionales hacia el proceso electoral en Venezuela, que ha sido objeto de controversia por su falta de transparencia y de condiciones democráticas. La organización pide una revisión exhaustiva de las prácticas electorales en el país sudamericano para garantizar que futuros comicios se celebren bajo normas que aseguren la integridad y la justicia del proceso democrático.
El Centro Carter, reconocida por su labor en la observación de elecciones, emitió un contundente informe en el que concluye que las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado domingo no cumplen con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas.
El comunicado de la organización critica severamente el proceso electoral y destaca múltiples irregularidades que cuestionan la legitimidad de los resultados.
Según el informe, el Centro Carter no pudo verificar ni corroborar los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro. La falta de resultados anunciados por las autoridades electorales se considera una “grave violación de los principios electorales”.
El documento subraya que “el proceso electoral de Venezuela no cumplió las normas internacionales de integridad electoral en ninguna de sus fases y violó numerosas disposiciones de sus propias leyes nacionales”. Además, señala que las elecciones se llevaron a cabo en un entorno de restricciones a las libertades para actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Según el informe, el CNE mostró una clara parcialidad a favor del partido en el poder.
El Centro Carter también critica el registro de partidos y candidatos, afirmando que no se ajustó a las “normas internacionales” y que la campaña electoral estuvo marcada por una “desigualdad de condiciones entre los candidatos”. El informe denuncia un “abuso de los recursos administrativos” en favor del presidente en funciones, incluyendo el uso de vehículos gubernamentales, funcionarios públicos realizando campaña en el ejercicio de sus funciones oficiales y la utilización de programas sociales con fines electorales.
