El ajuste más brutal: una radiografía del abandono estructural hacia las personas con discapacidad

Hoy, frente a la indiferencia oficial, las personas con discapacidad están siendo empujadas a la exclusión. No por su condición, sino por el Estado.

En un país marcado por crisis cíclicas y ajustes constantes, la movilización nacional en reclamo de la Ley de Emergencia en Discapacidad expone con crudeza uno de los rostros más dolorosos del ajuste: el desmantelamiento sistemático de los derechos de las personas con discapacidad.

Este jueves, cientos de familias, profesionales y organizaciones sociales se concentraron frente al Congreso para exigir una respuesta urgente ante una situación que ya se ha vuelto insostenible. La escena no fue solo una protesta: fue un grito colectivo de desesperación frente al abandono. Carteles, sogas con nombres bordados, madres relatando con lágrimas en los ojos el deterioro de las condiciones de vida de sus hijos; terapeutas denunciando salarios miserables y centros que cierran por falta de fondos. Cada testimonio fue una muestra más de que lo que se discute no es un privilegio, sino la posibilidad misma de vivir con dignidad.

Las denuncias son tan concretas como alarmantes: recortes en prestaciones, suspensión de Pensiones No Contributivas, falta de cobertura en medicamentos esenciales, abandono de los Centros de Día, y auditorías a prestadores en lugares inexistentes. El Estado no solo se retira, sino que en muchos casos, revictimiza.

El contraste entre la realidad de quienes marcharon y la postura oficial no podría ser más brutal. Mientras en la calle se expone el padecimiento cotidiano de miles de personas, desde Casa Rosada se sostiene el mantra del “déficit cero”, incluso cuando eso implique dejar sin medicamentos, educación o atención médica a niños, jóvenes y adultos con discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no solo rechazó la iniciativa legislativa, sino que la calificó como “asistencialista” y “regresiva”. Sin embargo, para quienes ven clausuradas las pocas oportunidades de inclusión real, las palabras técnicas de los funcionarios suenan vacías, casi insultantes.

Detrás de la retórica de “eficiencia fiscal” se esconde una lógica que prioriza el equilibrio de cuentas por sobre los derechos humanos. Se invisibiliza, se recorta, se posterga, bajo el argumento de que no hay recursos. Pero la pregunta es: ¿cuál es el límite ético de ese ajuste? ¿Quién decide que la vida de una persona con discapacidad es prescindible dentro del plan económico?

Esta movilización no es una más. Es la consecuencia de años de abandono acumulado, ahora agravado por una política de recorte que se ejecuta con frialdad tecnocrática. No es solo un pedido de fondos o de leyes; es un clamor por humanidad.

El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de dar una respuesta concreta. La sociedad, por su parte, debe tomar conciencia de que la discapacidad no es una agenda de “otros”: es una cuestión de justicia social. Porque el verdadero progreso no se mide en superávit, sino en la capacidad de una nación de cuidar a sus sectores más vulnerables.