El ajuste de Milei a las universidades: fuga de docentes, obras suspendidas y cierre de cátedras

Salarios precarios, las renuncias de docentes, el cierre de cátedras, la suspensión de carreras y la paralización de obras son solo algunas de las consecuencias del severo ajuste que el gobierno de Javier Milei está aplicando a las universidades públicas del país. Esta situación ha motivado la convocatoria a la segunda Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo este miércoles con el Congreso como punto central.

Además de la crítica situación que enfrenta la educación superior, se prevé un posible veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que busca mitigar el impacto del aumento de los costos de bienes y servicios en los compromisos salariales y gastos operativos de las universidades.

Esta normativa fue aprobada por amplio consenso en ambas Cámaras del Congreso y propone actualizar las asignaciones presupuestarias para el funcionamiento de las instituciones educativas de acuerdo con la inflación acumulada y establecer incrementos bimestrales basados en el Índice de Precios al Consumidor.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso indica que esta ley tendría un costo fiscal del 0.14% del PBI, equivalente a $738.595 millones. Sin embargo, la administración de Milei ya ha anticipado su intención de vetarla y ha presentado un presupuesto para 2025 que contempla más recortes para las universidades.

En este contexto, C5N entrevistó a rectores de diferentes instituciones que compartieron una dura evaluación sobre la situación actual. Advirtieron que, si el veto se concretara, la crisis alcanzaría un punto crítico. Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, que cuenta con 30,000 estudiantes y 2,400 docentes, comentó que muchos profesores han tenido que buscar trabajo adicional o renunciar para obtener mejores salarios en el sector privado.

La crisis es especialmente grave para los profesionales en medicina y enfermería, que están abandonando las universidades en busca de mejores condiciones laborales. Gentile advirtió que esta situación está afectando el desarrollo de investigaciones y la producción de conocimiento, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en el sistema universitario.

La falta de presupuesto ha impedido que la universidad lance nuevas convocatorias de investigación, ofrezca becas o mantenga los servicios básicos. Gentile relató que la institución se encuentra atrasada en el pago de servicios públicos y ha tenido que recurrir a medidas improvisadas para enfrentar problemas de infraestructura.

Si el veto a la ley se materializa, Gentile anticipó que el conflicto salarial se agudizaría y aumentaría la movilización de los sindicatos. Además, el presupuesto de 2025 enviado por el Gobierno implicaría un recorte del 40% respecto a lo solicitado, lo que dejaría a la universidad en una situación crítica para el próximo año.

La rectora concluyó afirmando que la marcha del miércoles será masiva y criticó la gestión del gobierno por su falta de diálogo y por centrarse en generar conflictos en lugar de implementar políticas efectivas. «Es muy difícil dialogar con un Gobierno que no gestiona, sino que busca espectacularizar los problemas», dijo.