El ajuste como trofeo: el Gobierno celebra el despidos de de 60.500 empleados estatales
El festejo oficial por los despidos revela una narrativa que prioriza el impacto simbólico del ajuste ante los mercados y sectores afines, por sobre un debate serio sobre el modelo de país que se está construyendo. El ahorro fiscal inmediato puede resultar atractivo en los números, pero el costo social, institucional y humano de un Estado cada vez más debilitado amenaza con convertirse en una factura mucho más elevada en el mediano y largo plazo.
El Gobierno nacional decidió convertir el ajuste en bandera política. A través de un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la administración de Javier Milei celebró públicamente el despido de más de 60.500 trabajadores estatales como un “ahorro” para las cuentas públicas, estimado en 2.444 millones de dólares desde diciembre de 2023.
La cifra, presentada como un logro de gestión, expone con crudeza el enfoque fiscalista extremo que guía la actual política gubernamental, donde la reducción del Estado se mide en términos contables, sin un análisis profundo de sus impactos sociales y estructurales.
Según el propio informe oficial, el recorte implicó una reducción del 12,1 % del empleo público en la administración central y empresas estatales. El Ministerio, conducido por Federico Sturzenegger, sostuvo que el ahorro no solo proviene de salarios —1.222 millones de dólares— sino también de costos indirectos asociados a cada trabajador, como infraestructura y servicios.
Bajo esta lógica, cada puesto eliminado se traduce en una ganancia económica inmediata, sin considerar el valor estratégico de las funciones que esos trabajadores cumplían.
El problema central no es únicamente el número de despidos, sino sus consecuencias. El ajuste ya se refleja en el deterioro progresivo de prestaciones estatales esenciales: sistemas de salud con menos personal, educación pública debilitada, menor capacidad de prevención y respuesta ante inundaciones e incendios, y un abandono creciente del mantenimiento de rutas e infraestructura básica.
Áreas que, lejos de ser “prescindibles”, cumplen un rol clave en la cohesión social y en la prevención de costos mucho mayores a futuro.
La política de ‘shock’ fiscal, presentada como inevitable para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, se apoya en una visión reduccionista del Estado, donde la eficiencia se confunde con achicamiento y la austeridad con desmantelamiento.
El propio informe anticipa que la estrategia continuará con más despidos y la eliminación de áreas que el Gobierno considere “no esenciales”, una definición ambigua que queda sujeta a criterios ideológicos más que a evaluaciones técnicas integrales.
