El 64% de los empleados públicos en Argentina está doblemente empleado debido a salarios bajos y congelados

La multiplicidad de empleos y la precarización laboral reflejan una crisis estructural que pone en jaque la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía.

En un contexto marcado por la persistente crisis económica y las políticas de ajuste, el empleo público en Argentina atraviesa una difícil situación que obliga a la mayoría de los trabajadores estatales a buscar múltiples fuentes de ingreso para sobrevivir.

Según un reciente informe de la Fundación Germán Abdala, el 64% de los empleados públicos tienen al menos un segundo empleo, una cifra que refleja la precarización laboral y la insostenibilidad de sus salarios.

Desde hace casi dos años, las políticas de reducción de personal en el Estado, conocidas como el «plan motosierra», han provocado la pérdida de más de 35 mil puestos laborales en la administración pública. Paralelamente, el congelamiento salarial, ordenado por el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, ha agravado la situación, generando un escenario en el que los empleados públicos buscan otros trabajos para complementar sus ingresos.

El estudio revela que el 71% de estos trabajadores desea obtener otro empleo, y que incluso quienes poseen un segundo empleo continúan buscando nuevas oportunidades, en un intento por mejorar sus condiciones económicas. La realidad es que solo el 42% mantiene la esperanza de una carrera estable en el Estado, mientras que el resto ve su futuro en la administración pública como incierto o prefiere renunciar si aparece una mejor opción laboral en el sector privado.

Los bajos salarios y la precarización llevan a muchos empleados a la informalidad y a la pobreza laboral. Más de la mitad de los trabajadores estatales perciben salarios por debajo de un millón de pesos, y un 58% de ellos no tiene estabilidad en su relación laboral. La situación se agrava en regiones con alta informalidad, donde la pobreza laboral alcanza niveles alarmantes.

Este fenómeno no solo afecta las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también impacta negativamente en la calidad de los servicios públicos. La fatiga, el burnout y la frustración se suman a un escenario en el que el Estado enfrenta dificultades para cumplir con sus funciones esenciales.