Ecuador y Perú en crisis: protestas masivas, represión y tensiones políticas

Ambos países enfrentan una creciente desconfianza en sus gobiernos, que buscan mantener el orden a través de la fuerza, mientras la población exige justicia, participación y respeto a sus derechos.

Las calles de Ecuador y Perú vuelven a ser escenario de intensos enfrentamientos entre el poder y la ciudadanía, en un contexto marcado por protestas prolongadas y medidas de control militarizadas.

En Ecuador, el 20 de octubre se cumplió un mes de movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), en rechazo al Decreto 126 que eliminó subsidios al diésel, provocando un aumento en los precios del transporte y alimentos.

La respuesta estatal fue la declaración de estado de excepción en varias provincias, con la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspensión de libertades fundamentales. La represión ha dejado víctimas mortales y denuncias de violaciones a derechos humanos, como ataques a viviendas y uso desproporcionado de gases lacrimógenos.

Desde principios de 2024, bajo la excusa de combatir el narcotráfico y las bandas criminales, el gobierno de Daniel Noboa ha intensificado la militarización, con resultados que aumentan la violencia y la inseguridad según informes oficiales.

Por su parte, Perú vive una ola de protestas que comenzaron tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte en octubre. Los reclamos, inicialmente por mejoras sociales, rápidamente se expandieron hacia demandas contra la corrupción y la convocatoria a nuevas elecciones. La represión policial ha cobrado vidas, incluyendo la de un joven rapero en Lima, y ha dejado más de cien heridos en pocas semanas. El gobierno evalúa declarar estado de emergencia en la capital, con posibles toques de queda, en un intento por controlar el movimiento social. La desconfianza hacia las instituciones y la percepción de uso político de la seguridad alimentan el malestar general.

Ambos países reflejan un patrón común: el aumento de la militarización no ha logrado apaciguar los conflictos, sino que profundiza la tensión social. La narrativa oficial apunta a la lucha contra el crimen, pero las acciones en las calles evidencian un enfrentamiento por la legitimidad del poder. La presencia militar y las políticas de represión, vinculadas a intereses externos como la política de Estados Unidos, parecen alejarse del diálogo y la resolución pacífica.

Mientras los gobiernos insisten en mantener el control, las calles muestran una resistencia firme que no está dispuesta a ceder. La historia reciente confirma que, en estos territorios, la lucha por derechos y justicia continúa siendo la principal fuerza de cambio, pese a los intents de reprimirla con armas y decretos. La región enfrenta un momento crucial donde la participación ciudadana y la defensa de las libertades serán determinantes para el destino democrático de sus pueblos.