Diputados exige precisiones al Ejecutivo por una contratación de Cancillería por $114.044.133
La respuesta del Ejecutivo será clave para determinar si se trató de una contratación técnicamente fundada o de un procedimiento que, aun ajustado a derecho, requiere mayor escrutinio público.
Un grupo de diputados nacionales presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo remita “de forma urgente y detallada” la documentación completa de una contratación aprobada por la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, correspondiente a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 destinada a la capacitación en idioma inglés del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El eje del planteo no es únicamente el monto —$114.044.133 por nueve meses, con posibilidad de prórroga— sino el encuadre jurídico elegido. El proyecto solicita el expediente completo, la normativa aplicada y los fundamentos técnicos y legales que justificaron recurrir al artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01, una vía excepcional que limita la competencia bajo el argumento de que existiría un único proveedor idóneo.
Según la iniciativa impulsada por la diputada Roxana Monzón, la adjudicación recayó en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que —de acuerdo con el acto administrativo— habría sido considerada el único prestador capaz de garantizar la continuidad de un programa de formación iniciado en 2018 y sostenido durante ocho años.
El pedido legislativo apunta a verificar si efectivamente se realizaron estudios comparativos de mercado que respalden la supuesta “especialidad” y la inexistencia de oferentes alternativos, en un rubro —la enseñanza del idioma inglés— caracterizado por una amplia oferta privada e institucional. También requiere información sobre antecedentes contractuales de la asociación con Cancillería en la última década.
El expediente adquiere mayor sensibilidad política por la mención a la conducción de la AACI, presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger. El proyecto señala que las actuaciones administrativas reconocen la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la entidad y el funcionario, lo que introduce un potencial conflicto de interés que los diputados consideran necesario esclarecer.
Más allá de la legalidad formal del procedimiento, la discusión se inscribe en un contexto de restricción fiscal y discurso oficial orientado al ajuste del gasto público. Los legisladores subrayan la aparente contradicción entre el mensaje de austeridad (“no hay plata”) y la decisión de comprometer más de 114 millones de pesos para un servicio educativo cuya provisión podría —según sostienen— someterse a mayor competencia.
El trasfondo del planteo no es solo administrativo, sino político-institucional: hasta qué punto los mecanismos de excepción, previstos para casos específicos, se utilizan con criterios suficientemente objetivos y transparentes.
