Diputados: el oficialismo logró aprobar la Ley Hojarasca
La Cámara de Diputados de la Congreso de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que busca eliminar o modificar más de 70 normas consideradas obsoletas dentro del sistema jurídico argentino.
La propuesta fue aprobada con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, y ahora pasará al Senado, donde el oficialismo espera conseguir su sanción definitiva. El proyecto se inscribe en una estrategia más amplia de revisión normativa orientada a reducir lo que el Gobierno define como “sobrerregulación” y simplificar el entramado legal vigente.
Desde una perspectiva analítica, la iniciativa no solo implica una depuración técnica del digesto jurídico, sino que también expresa una disputa de fondo sobre el papel del Estado en la regulación económica y social. El oficialismo sostiene que el exceso de normas genera trabas burocráticas que afectan la actividad productiva y la libertad individual, mientras que sectores opositores advierten sobre el riesgo de una reducción del rol estatal en áreas sensibles.
Durante el debate, legisladores de La Libertad Avanza defendieron la propuesta como parte de un cambio de paradigma basado en la desregulación y la limitación del intervencionismo estatal. Argumentaron que muchas de las leyes derogadas habían quedado desactualizadas por cambios tecnológicos, normativos o institucionales, e incluso algunas contenían disposiciones consideradas inoperantes o simbólicas.
En esa línea, el diputado Nicolás Mayoraz sostuvo que el objetivo es eliminar normas que hoy no tienen aplicación práctica o que generan cargas administrativas innecesarias, al tiempo que cuestionó la existencia de organismos y regulaciones sin impacto real en la gestión pública.
Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas respecto del alcance político del proyecto. El ex ministro Nicolás Trotta planteó que la iniciativa podría encubrir una reducción del rol del Estado bajo el argumento de la simplificación normativa, mientras que sectores de izquierda, como la diputada Myriam Bregman, cuestionaron la falta de debate técnico profundo sobre cada una de las normas incluidas en la derogación.
El oficialismo, en cambio, defendió la Ley Hojarasca como parte de una “batalla cultural” orientada a redefinir la relación entre el Estado y los ciudadanos, sosteniendo que la acumulación normativa histórica ha generado un sistema excesivamente complejo y restrictivo para la actividad económica y social.
El proyecto ahora será analizado en el Senado, donde se espera una discusión centrada no solo en su contenido técnico, sino también en su impacto institucional. En ese marco, la iniciativa se convierte en un nuevo capítulo del debate sobre el alcance del Estado, la desregulación y el modelo de organización normativa en la Argentina.
