Diputados citan a Caputo, Lugones y Karina Milei: la oposición busca respuestas, el oficialismo apuesta al silencio
Cada ausencia refuerza la idea de un Parlamento neutralizado, incapaz de exigir rendición de cuentas a un Ejecutivo que avanza con acuerdos opacos y concentra poder en una mesa chica. Si las sesiones de este miércoles fracasan, el mensaje será claro: el Congreso cita, pero el Gobierno decide si responde.
La Cámara de Diputados vuelve a convertirse en escenario de tensión política: este miércoles están convocadas dos sesiones para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio de control democrático amenaza con diluirse en una nueva pulseada estéril, atravesada por la falta de quórum y la resistencia de los funcionarios a presentarse.
La oposición logró aprobar las citaciones en votaciones anteriores. En el caso de Caputo, la interpelación fue aprobada con 131 votos afirmativos para que explique los acuerdos financieros con el Tesoro de Estados Unidos, cuestionados como un “salvataje condicionado” que, según Itai Hagman, implican entregar la gestión económica a intereses extranjeros. A su vez, Lugones y Karina Milei fueron convocados por las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, tras los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS.
El problema es que la interpelación, figura prevista en la Constitución, carece de mecanismos efectivos para obligar a los funcionarios a asistir. Caputo ya mostró la fórmula: no se presentó cuando se lo citó por la estafa de la criptomoneda Libra, ni siquiera al debate del Presupuesto. El Congreso, debilitado por su propia incapacidad de fijar sanciones, queda reducido a un actor testimonial. La amenaza de un juicio político por incumplimiento tampoco prospera, ya que la comisión encargada de evaluarlo sigue paralizada tras la maniobra del titular de la Cámara baja, Martín Menem, que desconoció la designación de Marcela Pagano.
El trasfondo revela un deterioro profundo de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Gobierno responde con desdén: asegura que Karina Milei no es ministra y que, por lo tanto, no debe ser interpelada, pese a que en los hechos ejerce un rol con peso equivalente o mayor al de cualquier miembro del gabinete. En paralelo, la campaña electoral condiciona la asistencia de los propios diputados, que dudan de poder reunir el quórum de 129 bancas.
Lo que está en juego es más que la presencia de tres funcionarios: se trata de la legitimidad del Congreso como espacio de control y debate público.
