Diputados aprobó aumento a jubilados y bono de $110.000: avance legislativo con olor a veto presidencial

En una jornada marcada por la tensión política y la presión popular, la Cámara de Diputados logró dar media sanción al proyecto que establece un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la actualización del bono mensual a $110.000, una medida que busca aliviar la crítica situación de millones de adultos mayores cuyos ingresos están congelados hace más de un año.

Sin embargo, el alivio puede ser efímero: el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la iniciativa, reforzando su postura intransigente frente a cualquier propuesta que, según sus palabras, “afecte el equilibrio fiscal”.

La aprobación –por 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones– no solo refleja una necesidad social impostergable, sino también una señal de que la oposición, con matices, empieza a articularse frente al proyecto de ajuste sin concesiones que propone el Ejecutivo. Lo destacable no es solo el contenido de la ley, sino el tipo de alianza que la hizo posible: una suma heterogénea de diputados peronistas, provinciales, de izquierda y de sectores del radicalismo que desoyeron la orden de no dar quórum.

Entre ellos, nombres clave como Julio Cobos, Natalia Sarapura, Fabio Quetglas y Mario Barletta (UCR), y representantes de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. En contraste, La Libertad Avanza, el PRO y el grueso de la UCR intentaron boicotear la sesión y mantenerse alineados con la narrativa del ajuste fiscal a cualquier costo.

La política de la motosierra: ¿hasta dónde?

La amenaza de veto presidencial sobrevuela el Congreso como una advertencia que no busca negociación, sino sumisión. La política fiscal de Javier Milei no reconoce grises: todo gasto social es considerado despilfarro, toda demanda de asistencia, un obstáculo al mercado. Así, los jubilados –uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina– quedan atrapados entre la falta de sensibilidad del Ejecutivo y la dificultad del Congreso para imponer sus decisiones frente al hiperpresidencialismo de facto que se intenta consolidar.

Esta lógica “motosierrista” no solo ataca el gasto previsional, sino que viene siendo replicada en la educación, la ciencia, la salud pública y las políticas de género. La manifestación multisectorial que acompañó la sesión fue una muestra de esa resistencia social que comienza a entrelazarse desde distintos frentes: jubilados, científicos del Conicet, trabajadores del Garrahan, familiares de personas con discapacidad y el colectivo de mujeres “Ni Una Menos”.

¿Qué sigue?

El proyecto ahora pasa al Senado, donde el escenario es incierto. Aunque el bloque peronista tiene mayor cohesión, la amenaza de veto persiste como espada de Damocles. Y si el presidente concreta esa advertencia, lo que se pondrá en juego no es solo el futuro del bono y del aumento, sino la legitimidad misma del Congreso para legislar en favor de las mayorías sin ser neutralizado por el Poder Ejecutivo.

La decisión de avanzar con esta ley implica también una definición de modelo de país: ¿es posible una Argentina que garantice una vejez digna, incluso en crisis, o nos resignamos a ajustar a quienes ya lo dieron todo? El debate es económico, pero también moral.

En definitiva, el Congreso aprobó más que una ley: planteó un límite político al experimento libertario. Falta saber si el resto del sistema democrático está dispuesto a sostenerlo.