Diputados acusan al fiscal Taiano de paralizar la causa Libra y advierten sobre un manejo irregular de pruebas
La denuncia presentada contra el fiscal Eduardo Taiano por parte de un grupo de diputados opositores reaviva las dudas sobre el ritmo y la orientación de la investigación del denominado caso Libra, una causa de alto impacto político e institucional que, según los legisladores, avanza con demoras difíciles de justificar.
La presentación, impulsada por figuras de distintos espacios como Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Rodolfo Tailhade, no solo cuestiona la lentitud en la producción de pruebas, sino que apunta a un problema más profundo: la posible retención y falta de transparencia en el manejo de información clave para el avance del expediente.
El eje del conflicto no radica únicamente en los tiempos judiciales —habitualmente extensos en causas complejas—, sino en la secuencia de decisiones que, según los denunciantes, evidencian una falta de impulso procesal en momentos críticos, según consignó la Agencia NA.
Por ejemplo, remarcan que pruebas consideradas centrales, como los dispositivos electrónicos vinculados a los principales implicados, permanecieron meses sin ser analizadas, lo que podría haber afectado la reconstrucción temprana de los hechos.
El caso Libra, que tomó notoriedad tras la promoción pública atribuida al presidente Javier Milei, presenta características que exigirían, en términos institucionales, una respuesta judicial ágil y consistente. Sin embargo, los legisladores sostienen que ocurrió lo contrario: una investigación que, pese a contar con indicios relevantes desde etapas iniciales, no derivó en imputaciones ni medidas sustantivas para determinar responsabilidades.
Otro de los puntos más críticos señalados en la denuncia es el cambio de foco en la pesquisa. Según los diputados, el fiscal habría priorizado líneas secundarias —como la investigación de filtraciones periodísticas o la citación de la abogada y periodista Natalia Volosín— por sobre el núcleo del caso, vinculado a presuntos acuerdos económicos y la operatoria detrás de la criptomoneda. Esta orientación, advierten, no solo diluye el objeto de la causa, sino que también podría interpretarse como una desviación funcional.
En términos institucionales, el conflicto también expone tensiones entre poderes del Estado. La negativa del fiscal a compartir información con una comisión investigadora del Congreso fue leída por los denunciantes como una ruptura con antecedentes de cooperación en casos emblemáticos, debilitando los mecanismos de control cruzado que sostienen el equilibrio democrático.
El planteo de fondo es que no se trataría de demoras aisladas, sino de un patrón de conducta que combina inacción, opacidad y decisiones selectivas en el uso de la prueba. De confirmarse, esto no solo comprometería el desarrollo de la causa Libra, sino que abriría interrogantes más amplios sobre el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en investigaciones de fuerte sensibilidad política.
En ese marco, la denuncia penal contra Taiano trasciende la figura individual del fiscal y pone en discusión la capacidad del sistema judicial para actuar con celeridad, independencia y transparencia frente a casos que involucran poder político y grandes intereses económicos.
