Derivados de oro del BCRA: piden detener a Caputo y Bausili, crece la presión judicial por el destino de los fondos

Las presentaciones de Dalbón y Pagano colocan bajo presión al equipo económico y a la conducción del BCRA, aunque sus planteos deben analizarse de acuerdo con sus respectivos alcances y las pruebas que los respalden. La coincidencia entre ambos cuestionamientos refuerza la demanda de explicaciones públicas sobre el manejo de recursos estatales, pero no reemplaza la necesidad de acreditar los hechos denunciados.

La denuncia apunta al ministro de Economía, al titular del Banco Central y a otros funcionarios por operaciones financieras realizadas en 2025.

El abogado Gregorio Dalbón sostiene que deben investigarse posibles irregularidades y reclama medidas para evitar eventuales obstrucciones. El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos y los mecanismos de control sobre las decisiones de la autoridad monetaria.

El manejo de las operaciones con derivados de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó en el centro de una nueva controversia judicial. El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del organismo, Santiago Bausili, y del director Juan Curutchet, al considerar que existen elementos que justifican investigar posibles irregularidades en las transacciones realizadas durante 2025.

El planteo judicial menciona presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, Dalbón sostuvo que la Justicia debería evaluar una eventual asociación ilícita y determinar qué responsabilidades les corresponden a los funcionarios involucrados. Sin embargo, se trata de acusaciones que deberán ser examinadas por los tribunales y cuya eventual responsabilidad penal todavía debe establecerse.

En declaraciones televisivas, el letrado cuestionó el desarrollo de las operaciones y reclamó que el juez Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano —a quien identificó como responsable de intervenir en la investigación— profundicen las averiguaciones sobre el destino del oro y las decisiones financieras adoptadas por el Banco Central. También anticipó que ampliaría su presentación para insistir con los pedidos de detención de Bausili y Curutchet.

Dalbón argumentó que, aunque no considera acreditado un peligro de fuga, existirían elementos que, a su entender, justificarían medidas preventivas ante una posible obstrucción de la investigación. En ese sentido, hizo referencia a observaciones vinculadas con una auditoría y acusó a los funcionarios de haber faltado a la verdad. Esas afirmaciones forman parte de su planteo y deberán ser contrastadas con la documentación y las pruebas que se incorporen al expediente.

Uno de los principales argumentos de la denuncia se apoya en un resultado negativo de aproximadamente US$1.023 millones atribuido a las operaciones con derivados sobre el oro, según las cifras mencionadas por el abogado a partir de información de auditoría.

El detalle citado comprende un resultado negativo por opciones de $1.400.793 millones, equivalente a unos US$960,2 millones, y primas de opciones por $68.362 millones, estimadas en US$62,8 millones. Al mismo tiempo, la información contable referida en la presentación registra una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización en las tenencias de oro durante ese ejercicio.

La coexistencia de estos resultados obliga a distinguir entre los distintos componentes de las operaciones financieras. Una pérdida vinculada con derivados no equivale automáticamente a una pérdida de igual magnitud en las reservas físicas de oro, ni demuestra por sí sola la existencia de un delito. Para establecer el alcance económico de las transacciones resulta necesario conocer sus condiciones, objetivos, contrapartes, liquidaciones y efectos finales sobre el patrimonio del Banco Central.

De acuerdo con lo señalado en la presentación, el BCRA había concertado derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo. El punto central, por lo tanto, no consiste únicamente en determinar si hubo resultados negativos, sino también en esclarecer si las operaciones respondieron a una estrategia financiera justificada, si fueron correctamente autorizadas y registradas y si existieron perjuicios atribuibles a decisiones irregulares.

La cuestión adquiere especial relevancia porque el Banco Central administra activos estratégicos para la estabilidad financiera del país. En ese contexto, la transparencia sobre las operaciones con oro y derivados constituye una exigencia institucional, independientemente de que las sospechas denunciadas terminen confirmándose o sean descartadas.

Restricciones solicitadas y alcance de la investigación

Además de las detenciones, Dalbón reclamó la prohibición de salida del país para los funcionarios señalados, restricciones de acceso a sectores del BCRA y del Ministerio de Economía que contengan documentación vinculada con el expediente y limitaciones para comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

La procedencia de esas medidas deberá ser evaluada por la Justicia a partir de los requisitos legales y de la existencia de elementos concretos que las justifiquen. La gravedad de una denuncia no determina por sí misma la necesidad de una detención preventiva, que requiere fundamentos jurídicos específicos.

El desafío para los investigadores será establecer con precisión qué operaciones se realizaron, quiénes las autorizaron, cuáles fueron sus resultados y si existieron conductas que puedan encuadrarse en figuras penales. También será necesario diferenciar las decisiones de política financiera que puedan resultar discutibles de aquellas que, eventualmente, hayan vulnerado la ley.

La controversia sumó otro frente luego de que la diputada Marcela Pagano anunciara, el 10 de agosto, una denuncia penal contra Caputo y Bausili. En una publicación en la red social X, la legisladora sostuvo que casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin un destino públicamente trazable.

Pagano cuestionó, además, la respuesta que atribuyó al presidente del Banco Central —“En algún lado están”— y consideró insuficiente esa explicación. La diputada reclamó precisiones sobre el recorrido de los fondos, las órdenes impartidas y las personas que pudieron haber intervenido en las decisiones.