Denuncian posibles comisiones millonarias por operaciones con oro del Banco Central y piden allanar el organismo

La presentación judicial alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al titular del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y al subsuperintendente del área, Nicolás Marcelo Ferro, quien fue incorporado a la denuncia.

El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal por las operaciones con derivados financieros vinculados al oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025, consign{o la periodista Vanesa Petrillo (Minutouno).

Entre las medidas solicitadas, pidió allanar la entidad y acceder a sus servidores, correos electrónicos y documentación interna para determinar cómo se concretaron las transacciones y si hubo pagos de comisiones millonarias o beneficios indebidos.

Dalbón busca establecer si las operaciones provocaron un perjuicio económico para el Estado, cómo se seleccionaron las entidades financieras que participaron y quiénes intervinieron en las negociaciones y autorizaciones.

Entre los posibles delitos mencionados figuran administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También solicitó investigar una eventual asociación ilícita si las pruebas permiten acreditar su existencia.

Uno de los principales puntos bajo análisis es la presunta participación del Deutsche Bank como contraparte en los contratos vinculados al oro argentino.

De acuerdo con versiones periodísticas citadas en la denuncia, las operaciones habrían buscado cubrir al organismo frente a una eventual baja en el precio del metal, mediante contratos que otorgaban a terceros el derecho a comprarlo a un valor superior a los US$ 3.000 por onza, cuando la cotización superaba los US$ 4.000.

Sin embargo, el propio escrito aclara que esa descripción debe ser corroborada mediante el análisis de los contratos, ya que no surge del informe de auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La presentación también pone el foco en las comisiones, honorarios y márgenes que pudieron haber cobrado las entidades financieras involucradas. Dalbón advirtió que todavía no se conocen los montos ni los destinatarios de esos pagos y señaló que públicamente se mencionó una cifra superior a los US$ 60 millones, cuya veracidad pidió investigar.

Además, solicitó esclarecer las circunstancias en las que se eligió al Deutsche Bank y qué controles se aplicaron, teniendo en cuenta que Caputo y Bausili tuvieron vínculos laborales con esa entidad. Ese antecedente, por sí solo, no demuestra la existencia de irregularidades.

Para avanzar con la investigación, el abogado pidió que la Justicia ordene el allanamiento del BCRA y el secuestro de sus servidores y correos institucionales, o bien la realización de copias forenses que permitan preservar la información.

La medida abarcaría comunicaciones de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos, además de intercambios con el Deutsche Bank y otras entidades durante 2024 y 2025.

El objetivo es reconstruir cómo se negociaron los contratos, quiénes tomaron las decisiones y cuál fue el costo total de las operaciones. Dalbón sostuvo que la documentación electrónica resulta fundamental para la causa y advirtió sobre la necesidad de evitar que los registros puedan ser alterados o eliminados. Como alternativa al allanamiento, pidió que se ordene al Banco Central entregar los documentos y garantizar su conservación.

La denuncia original tomó como referencia una auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobada por la AGN mediante la Resolución 205/2026. Según ese informe, las operaciones de opciones financieras con el oro como activo subyacente registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a unos US$ 1.023 millones. De ese total, US$ 960,2 millones corresponderían al resultado negativo de las opciones y US$ 62,8 millones al pago de primas.

A partir de esos datos, la ampliación pretende determinar qué cobertura obtuvo efectivamente el Banco Central, si las condiciones pactadas fueron razonables y si existió un daño patrimonial para el Estado. Para ello, Dalbón solicitó requerimientos de información al BCRA y al Deutsche Bank, la intervención de la Comisión Nacional de Valores y de la Unidad de Información Financiera, y cooperación internacional de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). También reclamó peritajes contables y financieros especializados.

Finalmente, el denunciante pidió que Caputo, Bausili, Curutchet y Ferro sean citados a declaración indagatoria, junto con cualquier otra persona que pudiera resultar responsable a partir de las pruebas. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades y si alguien obtuvo ventajas indebidas a partir de las operaciones.