Depuración del sistema medicina prepaga: el Gobierno dio de baja otras 13 empresas
Con esta decisión, ya suman 40 las firmas excluidas en lo que va del año y más de 150 desde el inicio de la actual gestión, una cifra que expone la magnitud de la depuración en curso dentro del sector.
El Gobierno profundizó su política de reordenamiento del sistema de medicina prepaga y dispuso la baja de otras 13 empresas que se encontraban inscriptas de manera provisoria o con trámites incompletos para su habilitación definitiva.
La medida fue oficializada este jueves a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, con la firma de Silvia Noemí Viazzi, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo que viene avanzando en una revisión exhaustiva de los prestadores registrados.
Según se informó, las empresas dadas de baja no completaron los requisitos exigidos para obtener la inscripción definitiva como entidades de medicina prepaga, una condición clave para operar dentro del sistema formal.
La lista incluye a Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).
Desde el Ejecutivo sostienen que, en la mayoría de los casos, estas entidades no contaban con afiliados activos, lo que relativiza el impacto inmediato de la decisión. No obstante, la normativa vigente establece que, de existir usuarios afectados, el Estado debe garantizar la continuidad de la cobertura mediante el traspaso a otro prestador, sin pérdida de antigüedad ni de derechos adquiridos.
Más allá del aspecto administrativo, la medida se inscribe en un contexto de fuerte tensión en el sistema de salud privada, atravesado por aumentos de cuotas, reclamos de usuarios y una creciente concentración del mercado.
La depuración de prestadores puede leerse como un intento del Gobierno de ordenar un padrón históricamente fragmentado, pero también plantea interrogantes sobre el impacto a mediano plazo: menos actores habilitados podría traducirse en menor competencia y mayores dificultades de acceso para ciertos segmentos de la población.
En este escenario, la Superintendencia recomendó a los usuarios verificar si su prepaga u obra social continúa habilitada a través del registro oficial del organismo.
La advertencia no es menor: en un sistema en transformación, la información y la capacidad de elección de los afiliados se vuelven herramientas centrales para evitar quedar atrapados en los vacíos que deja la reconfiguración del sector.
