Denuncian persecución política: allanaron la sede del gremio que protestó contra Milei en Córdoba
Tras las protestas ocurridas el pasado fin de semana contra la presencia del economista Javier Milei en la provincia de Córdoba, que culminaron en actos de represión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Córdoba denunció estar sufriendo lo que describen como «acoso judicial» y «persecución política».
Esta denuncia surge después de los allanamientos realizados en una sede gremial y en el domicilio particular del secretario general del gremio a nivel provincial, Federico Giuliani.
En un comunicado de prensa, ATE informó que el fiscal Ernesto De Aragón, el mismo que avanzó en una causa contra Giuliani y la CTA Autónoma por presunta «obstrucción al transporte» durante la visita de Milei a la ciudad, fue quien ordenó los allanamientos en la sede de ATE Río Cuarto y en la residencia del secretario general.
Estos allanamientos no fueron las únicas acciones judiciales. Según ATE Córdoba, la policía retuvo el teléfono celular de uno de los hijos de Giuliani, de nueve años de edad, y también allanó el vehículo personal de la esposa del secretario general, así como otra propiedad de ATE.
La entidad sindical considera que se trata de una «persecución política» que utiliza al Poder Judicial como herramienta para amedrentar a la organización sindical. Responsabilizan al Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por estas acciones.
El fiscal De Aragón ha sido señalado como el responsable de esta situación, siendo el mismo que imputó el año pasado a Giuliani y otros dirigentes sociales por un corte de calle durante una manifestación.
ATE exige el cese inmediato de esta persecución y el retorno de los teléfonos confiscados a la familia Giuliani, además de instar al respeto de la Constitución Nacional.
Giuliani deberá declarar este miércoles en los Tribunales, y el gremio tiene prevista una conferencia de prensa en el lugar para denunciar lo que están enfrentando.
Desde ATE Capital expresaron su solidaridad con Giuliani y responsabilizaron también al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al que consideran cómplice de la persecución y el hostigamiento a los reclamos del pueblo trabajador.
