Denuncian a líderes europeos ante La Haya por crímenes migratorios

Entre los denunciados se encuentran exmandatarios y ministros de países como Alemania, Francia, Italia, Polonia y España, incluyendo a Angela Merkel, Emmanuel Macron, Matteo Salvini, Donald Tusk, Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy, Margarita Robles, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo.

Un grupo de abogados internacionales ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya, acusando a destacados líderes europeos y españoles de ser cómplices en la muerte y tortura de migrantes en el Mediterráneo y en centros de detención en Libia.

Tras una investigación de seis años, los abogados Juan Branco y Omer Shatz presentaron un informe de 700 páginas que revela la red de decisiones y acciones políticas que, según afirman, facilitaron y, en algunos casos, promovieron las muertes y abusos en la ruta migratoria hacia Europa. La denuncia incluye una base de datos con más de 500 funcionarios implicados, de los cuales 122 son considerados sospechosos de haber participado en delitos de crímenes contra la humanidad.

El documento se sustenta en entrevistas a altos cargos, análisis de reuniones confidenciales y documentos filtrados, que muestran un patrón premeditado de políticas migratorias que provocaron un aumento en las muertes en el Mediterráneo, donde se calcula que más de 30,000 migrantes han fallecido desde 2014. Además, se señala que estas políticas llevaron a la detención, tortura y explotación de miles en centros en Libia, considerados por algunos como campos de concentración.

Los abogados solicitan que el TPI abra una investigación preliminar para determinar la responsabilidad penal de los implicados, argumentando que las decisiones políticas no son inmunes a la justicia internacional. Aunque una denuncia anterior en 2019 ya había apuntado a estas políticas, la fiscalía aún no ha llevado a cabo acciones concretas contra los responsables europeos, lo que genera dudas sobre la independencia del proceso.

Este esfuerzo legal busca que se reconozca la gravedad de los crímenes y que se haga justicia a las víctimas, poniendo en evidencia el impacto de las políticas migratorias que, según los denunciantes, han causado una crisis humanitaria y violaciones masivas de derechos humanos en la frontera sur de Europa.