Crisis industrial: ILVA despide a 300 trabajadores en Pilar y busca pagar la mitad de las indemnizaciones

Los telegramas de desvinculación llegaron a todos los empleados, confirmando un conflicto que desnuda no solo la magnitud de la crisis industrial, sino también la estrategia empresarial de trasladar los costos del ajuste a los trabajadores.

La fábrica de porcelanatos ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, consumó este martes el despido de 300 trabajadores tras cerrar de manera sorpresiva sus portones el lunes por la mañana.

La empresa, que debía presentarse en una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, no asistió a la cita, lo que agudizó la tensión con el personal despedido. Los delegados gremiales rechazaron las cartas documento e iniciaron un plan de permanencia por turnos en la planta, en defensa de los puestos de trabajo.

“Seguimos la lucha: con todos los compañeros nos vamos a ir rotando hasta lograr el objetivo de la reincorporación”, aseguró el delegado Marcelo Barrionuevo, también afectado por los despidos.

El punto más conflictivo es el intento de ILVA de ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita a pagar el 50% de las indemnizaciones en casos de fuerza mayor. Los trabajadores cuestionan la validez de ese argumento, señalando que la empresa adquirió recientemente maquinaria costosa para modernizar la producción, lo que contradice la supuesta situación de inviabilidad.

Las sospechas sindicales apuntan a que no se trata de un cierre definitivo, sino de un plan de reestructuración que busca reducir drásticamente la plantilla y flexibilizar las condiciones laborales. En ese marco, trascendió que la empresa pretende reemplazar el régimen actual de “4×4” (cuatro días de trabajo de doce horas y cuatro de descanso) por un esquema de “6×1”, que implicaría menos horas diarias, pero con una reducción salarial cercana al 30%, además de la eliminación del comedor, el transporte y la cobertura de medicina prepaga.

El caso ILVA ilustra con crudeza la dinámica de la crisis industrial: mientras el consumo interno se contrae y las empresas alegan falta de competitividad, las soluciones elegidas pasan por el recorte de salarios, la precarización laboral y el despido masivo. La ausencia de la compañía en el Ministerio de Trabajo muestra, además, la dificultad del Estado para arbitrar en conflictos de esta magnitud, dejando a cientos de familias en la incertidumbre.

Lo que ocurre en Pilar no es un hecho aislado, sino una señal de alarma sobre la fragilidad del entramado industrial argentino. Si se consolida esta tendencia, el resultado será un mercado laboral cada vez más debilitado, con trabajadores que pagan el precio de un ajuste que no diseñaron, pero que los golpea de lleno.