Crisis estructural: nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados y crece la judicialización por deudas

Un informe del (IETSE) revela que el endeudamiento masivo en los hogares dejó de ser una excepción para convertirse en un mecanismo de supervivencia ante la caída del poder adquisitivo. El uso del crédito para cubrir alimentos y servicios básicos expone el fracaso de las políticas económicas y el deterioro del contrato social.

Por primera vez en más de una década, endeudarse dejó de ser una herramienta puntual para transformarse en una condición estructural de la vida cotidiana de millones de familias argentinas. Así lo advierte el informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), que revela que el 91% de los hogares argentinos tenía al menos una deuda activa en mayo de 2025.

El dato representa un salto alarmante frente al 54% registrado en agosto de 2023 y muestra la profundización de una crisis silenciosa que atraviesa el entramado social del país.

El estudio denuncia que el endeudamiento ya no responde a consumos extraordinarios ni a inversiones familiares, sino que se ha vuelto una estrategia desesperada para cubrir necesidades básicas. El 58% del gasto con tarjeta de crédito se destina a alimentos, mientras que otros rubros esenciales como impuestos, servicios, alquileres y educación aparecen entre los más postergados o directamente impagos.

Deuda como síntoma del empobrecimiento

“La inflación —aunque hoy más estable— y la pérdida del poder adquisitivo empujaron a muchas familias a una emergencia financiera crónica”, explica el informe. El resultado es una espiral de endeudamiento circular: se solicita crédito para pagar otros créditos, y las deudas nuevas financian deudas viejas, en un ciclo que degrada la autonomía económica de los hogares.

Esta dinámica afecta transversalmente a la sociedad, pero golpea con especial fuerza a los sectores medios empobrecidos y a trabajadores formales cuyos salarios ya no alcanzan para sostener el costo de vida. Según el estudio, el 65% de los hogares acumula entre dos y tres deudas y un 28% destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de compromisos financieros.

Emergencia judicial y colapso del sistema

Uno de los datos más graves del informe es la creciente judicialización de la crisis. El 28% de los hogares está en instancia judicial por impagos, mientras que el 15% ya sufrió embargos de salarios o cuentas. Solo el 24% de las familias mantiene sus pagos al día, lo que sugiere que el sistema financiero formal está comenzando a desbordarse frente a una cartera impagable.

Además, el endeudamiento informal (fiado en comercios, préstamos de familiares o amigos) sigue siendo un recurso extendido, lo que revela la pérdida de confianza o acceso al sistema bancario tradicional.

Falta de políticas públicas y abandono del Estado

El informe del IETSE concluye con una crítica velada pero directa a la ausencia de un plan económico integral que revierta esta situación. La dependencia creciente del crédito para sobrevivir evidencia no solo el deterioro del salario real, sino también la falta de políticas activas en materia de empleo, seguridad social y acceso al financiamiento en condiciones justas.

“El endeudamiento dejó de ser un parche y pasó a formar parte del modelo de supervivencia de las familias argentinas”, advierten los investigadores.

Deuda, empobrecimiento y ausencia de futuro

Este escenario plantea interrogantes profundos sobre el rumbo del país. ¿Cómo se reconstruye una sociedad cuyos hogares están atrapados en una red de deudas impagables? ¿Qué consecuencias tendrá, a mediano plazo, esta lógica de supervivencia en términos de salud mental, cohesión social y estabilidad política?

Más que un problema financiero, la generalización del endeudamiento revela una fractura del contrato social. Las familias ya no planifican ni progresan: sobreviven. Y lo hacen bajo una carga que las asfixia en silencio, mientras el Estado —más ocupado en el ajuste fiscal que en garantizar derechos básicos— mira para otro lado.

La deuda, así, no solo refleja la pobreza económica, sino la pobreza de respuestas institucionales. Y sin un giro en las prioridades del sistema político y económico, el futuro de millones de argentinos seguirá hipotecado.