Crisis de deudas familiares: provincias lanzan planes de desendeudamiento ante la pérdida de poder adquisitivo
Sin una política nacional coordinada, la carga financiera sobre los hogares seguirá profundizando la desigualdad y tensionando la estabilidad social.
La creciente presión de deudas impagables está obligando a los gobiernos provinciales a adoptar medidas de desendeudamiento como herramienta de política social y económica.
En un contexto donde los salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica, iniciativas en Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires buscan aliviar la carga financiera de los hogares y evitar un colapso social más profundo.
En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés puso en marcha el programa “Corrientes Sostiene”, que canaliza 130.000 millones de pesos a través del Banco de Corrientes para refinanciar deudas de 89.000 familias. Los créditos podrán pagarse en cuotas fijas con tasas 29 puntos más bajas que las del mercado, apuntando a reducir el impacto de intereses usurarios de tarjetas de crédito. Desde el sindicato y trabajadores locales destacan que la iniciativa confirma un problema estructural: los ingresos no alcanzan y el endeudamiento se ha convertido en una vía de supervivencia.
En Entre Ríos, el diputado peronista Juan José Bahillo impulsa un proyecto destinado a los trabajadores públicos para regular los llamados “códigos de descuento”, mediante los cuales financieras y mutuales descuentan deuda directamente del salario. La propuesta plantea que el Estado absorba esas deudas y las reconvierta en créditos con tasas bajas y plazos más largos, buscando proteger el salario real y contener la morosidad creciente.
Por su parte, en Buenos Aires, la diputada Ana Luz Balor propone incorporar la figura del sobreendeudamiento a la ley de Defensa del Consumidor, creando una instancia de mediación obligatoria que suspenda por 90 días acciones judiciales, embargos o ejecuciones, y permita renegociar deudas bajo condiciones más favorables para los hogares.
A nivel nacional, el Congreso cuenta con dos proyectos de ley en discusión, aunque con escasas posibilidades de avanzar debido a la falta de prioridad del oficialismo libertario. Una propuesta, impulsada por legisladores peronistas como Hugo Yasky y Mario Manrique, plantea la creación del Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED), incluyendo quitas de intereses y la compra estatal de deudas. Otra, de Roxana Monzón, propone planes de pago hasta 36 cuotas, reducción de punitorios y tasas reguladas, junto con períodos de gracia de hasta 90 días.
El panorama evidencia un fenómeno estructural: el endeudamiento se ha consolidado como un mecanismo de subsistencia ante la insuficiencia salarial y la inflación, obligando a gobiernos provinciales y legisladores a desarrollar herramientas de protección económica.
