Crece la polémica por el nuevo Estatuto de la PFA: denuncias de “Estado policial” y pedidos de anulación en el Congreso

La reforma impulsada por el Gobierno nacional al Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) generó una fuerte reacción en el Congreso. Legisladores de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) presentaron proyectos para anular el Decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Para los impulsores de estas iniciativas, la nueva normativa implica un peligroso avance represivo y una amenaza directa a las libertades democráticas.

La diputada Mónica Macha (UxP) sostuvo que el nuevo Estatuto otorga facultades a la PFA que violan principios esenciales del Estado de derecho, incluyendo la posibilidad de realizar ciberpatrullajes sin autorización judicial, acceder a bases de datos privadas y públicas, realizar requisas personales y detener personas hasta 10 horas sin orden judicial.

Según argumentó, estas disposiciones son “nulas de nulidad absoluta” por contravenir la Ley de Inteligencia Nacional y por configurar, en los hechos, “una amenaza grave a los derechos y garantías de los argentinos”.

Para Macha, el proyecto es un intento de dotar a la fuerza de seguridad de herramientas discrecionales con potencial uso político, con un sesgo “racista y discriminatorio”. “Desde el Gobierno del presidente Milei y la ministra Bullrich se busca avanzar en la destrucción de las libertades democráticas”, advirtió.

En la misma línea, el diputado Christian Castillo (FIT-U) denunció que el nuevo marco legal representa una “liquidación de las garantías constitucionales”, mediante un régimen que habilita “espionaje ilegal” y “detenciones arbitrarias”. Para Castillo, el nuevo Estatuto rompe con el principio del derecho penal de acto —según el cual se persiguen conductas delictivas concretas— para avanzar hacia un “derecho penal de autor”, centrado en la presunta peligrosidad de las personas.

“El Gobierno intenta hacer pasar como modernización lo que en realidad es un salto hacia un Estado policial”, acusó Castillo, que también cuestionó el “poder represivo, extorsivo y criminal” que se le otorga a una fuerza a la que calificó como “corrupta y socia del gran delito”. Su proyecto lleva además las firmas de Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Vilma Ripoll.

La defensa oficial del decreto se apoya en la necesidad de modernizar y especializar a la Policía Federal en la investigación de delitos complejos, pero los cuestionamientos apuntan a la falta de control judicial en medidas que afectan derechos básicos como la privacidad, la libertad ambulatoria y la presunción de inocencia. La habilitación de herramientas de inteligencia sin contrapesos institucionales es uno de los puntos más críticos señalados por la oposición.

Este nuevo frente de conflicto revela los límites del discurso gubernamental sobre “eficiencia” y “seguridad”, y abre un debate de fondo sobre el tipo de Estado que se está construyendo. Mientras desde el oficialismo se insiste en la necesidad de reformas profundas en las fuerzas de seguridad, sectores opositores advierten que bajo esa premisa se avanza hacia una erosión deliberada del orden democrático y una ampliación del control punitivo estatal, con escasa o nula rendición de cuentas.

El Congreso, que deberá discutir estos proyectos de anulación, se convierte así en el escenario clave de una disputa que excede lo institucional y pone en juego la concepción misma de democracia y libertad en la Argentina contemporánea.